Torres Robiou en una carta dirigida al ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa (ERD) dice que tomó esta decisión “con el propósito de facilitar que el Ministerio Público, avance sin obstrucción alguna la investigación que tiene en curso”, que ha sido denominada “Operación Coral”.
Señala la comunicación que “si bien no en mi contra” esa investigación, es de “conocimiento público que aborda algunos servidores de esta institución, cuya reputación estamos todos en el deber de proteger”.
Torres Robiou dice que esta “responsable decisión es un acto de civilidad, humildad y honor”; expresa “que, para beneficio y protección al turismo y la defensa nacional, no debo permanecer al frente de una institución que respeto, si los censores públicos la están señalando por hechos ajenos que podría arrastrar la entidad”.
La carta en la que pone su cargo a disposición del presidente Abinader, dirigida al Ministro de Defensa, fue entrega hoy miércoles 28 de abril en horas de la tarde.
Dice que solicita la intervención del titular del MIDE para “poner a disposición del señor presidente Constitucional de la República, Luis Abinader Corona, el cargo de Director General del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), el cual he desempeñado desde el año 2014”.
Qué dice el expediente de la Operación Coral
En el expediente del Ministerio Público sobre la Operación Coral se detalla que a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (Pepca) le parece “en extremo sospechoso” el alquiler de un inmueble que hizo el general Torres Robiou.
Es un inmueble ubicado en El Portillo, en la playa Las Terrenas, en Samaná, por la que el general paga la suma mensual de 3,000 dólares.
“El referido inmueble se encuentra bajo la posesión del General de Brigada, Piloto F.A.R.D. Juan Carlos Torre Robiou, quien es el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, (CESTUR) y superior jerárquico del imputado Raúl Alejandro Girón, a título de alquiler, pagando un monto mensual de tres mil dólares estadounidenses (US$3,000.00), situación en extremo sospechosa, toda vez que no hace sentido lógico, alquilar un inmueble por un monto cuantioso y usarlo esporádicamente”, dice el Ministerio Público en su investigación sobre el mayor general Adán Cáceres, jefe de escolta del expresidente Danilo Medina y uno de los imputados en el caso de corrupción administrativa.
