Por Arismendi Díaz Santana
No es socialmente aceptable participar en actividades colectivas sin vacunarse, exponiéndose a la pandemia, mientras las autoridades hacen el mayor esfuerzo por contener los contagios para garantizar la seguridad sanitaria, recuperar la economía y restablecer el empleo
El descubrimiento en Sudáfrica del ÓMICROM como la nueva variante del COVID-19, ha generado un gran revuelo, preocupación e incertidumbre en el mundo, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la calificara como muy peligrosa, por su capacidad de propagación y mutación.
Y ha provocado opiniones valiosas, algunas de las cuales merecen la atención porque revelan importantes realidades y lecciones. Inna Afinogenova, influyente youtuber rusa, relativizó la peligrosidad del Ómicrom, tomando en cuenta que surgió y se propagó en África, continente donde sólo el 7% de la población está vacunada, lo cual explica su rápida expansión. Y tiene toda la razón.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, culpó a las grandes potencias por monopolizar las vacunas, sin practicar la necesaria solidaridad internacional con las naciones más pobres, olvidando que la pandemia es una calamidad mundial y que sólo estaremos seguros cuando todos estemos vacunados. Y también tiene toda la razón al resaltar esta desigualdad sanitaria.
Estas dos verdades nos obligan a algunas reflexiones sobre la actitud de grupos aquí y en el resto del mundo, que persisten en denunciar las vacunas y se niegan a recibirla. Cuestionan su obligatoriedad, alegando el derecho “supremo” a decidir libremente sobre cualquier intervención en su cuerpo.
Este tema ha dividido al mundo en dos posiciones polarizadas: quienes aceptamos las vacunas como la mejor y más económica medida preventiva para evitar y contener las enfermedades infecto-contagiosas, y quienes se oponen a las vacunas, cuestionando su impacto en la salud y escudándose en el derecho a la libre elección.
La vida colectiva cambia derechos individuales por derechos sociales
Esto no lleva a la discusión de un punto crítico. Ningún derecho es absoluto, por más humano e individual que sea. Los derechos primitivos solo son absolutos en una pequeña isla donde sólo habita una persona. En ese escenario, ella puede tirar la basura donde quiera, estacionarse en cualquier lugar, circular como quiera, e incluso, pasearse desnuda por todo el lugar. La razón es muy sencilla: como vive sola, no molesta, ni afecta el derecho de los demás.
Pero, una vez comienza a compartir con otras personas, ciertos derechos primitivos desaparecen: ya no puede andar desnudo, tiene que tirar la basura en el zafacón, utilizar los parqueos, manejar según las reglas de tránsito, etc., etc. Y es que la vida en sociedad obliga a aceptar reglas, normas y derechos colectivos. Como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz.
La vida social elimina muchos derechos primitivos a cambio de nuevos derechos colectivos. Como ciudadano (habitante de una ciudad) usted no puede invocar ningún derecho individual primitivo, sin tomar en cuenta cómo afecta la vida y la seguridad de los demás ciudadanos. Esa subordinación es precisamente el precio individual que tenemos que pagar por la tranquilidad y la seguridad colectiva.
Conscientes de que estamos obligados a cambiar viejos derechos personales, por nuevos derechos colectivos, sin privilegios ni exclusiones, los científicos han señalado que la vacunación es imprescindible para evitar la propagación del COVID-19, con la única excepción de la persona que vive sola en esa pequeña isla.
Es aceptable que una persona no quiera vacunarse. Pero lo que es inaceptable es que, aún en estas condiciones nacionales tan críticas, pretenda continuar utilizando los servicios públicos y privados, exponiéndose a una más rápida propagación de la pandemia, mientras el país hace el mayor esfuerzo, y hasta se endeuda, para contener los contagios, garantizar la seguridad sanitaria, recuperar la economía y restablecer el empleo a nivel nacional.
