Entidad pide acciones contra RD por repatriaciones de haitianos

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Momento en que autoridades dominicanas procedían a la repatriación de un grupo de haitianos

Puerto Príncipe -Prensa Latina.- Unos 56 mil 884 haitianos regresaron de República Dominicana en julio, denunció el Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR) que pidió al Gobierno de Haití condenar las violaciones de derechos humanos  que alegadamente se cometen durante este proceso.

Según el informe de la organización,  23 mil 569 fueron deportados por las autoridades dominicanas y otros 23 mil 142 decidieron regresar a su país.

Entre los repatriados, el GARR contabilizó 440 embarazadas y tres mil 659 niños, de ellos 565 no acompañados.

La plataforma deploró que julio estuvo marcado por «repatriaciones brutales que no tienen piedad con los niños, las mujeres embarazadas o los ancianos» y por el deterioro de las condiciones de vida de los migrantes en República Dominicana.

Ante esta situación, estima que el Gobierno debe emitir una fuerte respuesta y no puede permanecer más en silencio.

Deben actuar con responsabilidad ante estas transgresiones de los derechos de nuestros compatriotas y condenar inequívocamente las prácticas inhumanas perpetradas por las autoridades dominicanas, aseguró el responsable de Comunicación del GARR, Sam Guillaume.

PIDEN MEDIDAS DIPLOMÁTICAS Y HUMANITARIAS

Añadió que es crucial tomar medidas diplomáticas y humanitarias para poner fin a las repatriaciones forzosas y garantizar así el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes haitianos.

«Toda persona, sea haitiana o no, debe ser tratada con dignidad, respeto y equidad», afirmó Guillaume y pidió tomar acciones concretas para lograr un cambio tangible y real en las condiciones de vida de los migrantes.

Además, señaló que la población haitiana en el vecino país es víctima de una explotación sistemática, y se ve privada de los derechos más elementales, como el acceso a la atención médica, a oportunidades de empleo decentes y a la educación.

Esas violaciones no solo contravienen las leyes y convenios internacionales, sino que atentan contra la dignidad humana, señaló la organización, para la cual la situación alcanzó un umbral crítico.