POR DANILO CRUZ PICHARDO
SANTO DOMINGO, RD.- El consenso que buscaba el presidente Abinader para la escogencia de las nuevas autoridades partidarias es antidemocrático. Al recibir rechazo generalizado se aplazó la renovación y la actual dirección partidaria cae en la ilegalidad al superar el período para el que fue electa. Pero se trata solo de un anticipo de lo que ocurría con la selección de los candidatos a puestos de elección popular, que, según ha trascendido, ya tienen nombres y apellidos por lo menos en lo que toca a las senadurías y alcaldías principales del país.
Entre los nombres que suenan para senadores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo están los de Ito Bisonó y Robertico Salcedo. También Raquel Peña para Santiago, José Ignacio Paliza para Puerto Plata y Nelson Arroyo iría por San Pedro de Macorís, entre otros nombres y sus respectivas demarcaciones.
Es un acontecimiento que hace recordar el “Pacto la Unión” de la autoría de Salvador Jorge Blanco en 1986, mediante el cual se le concedía la candidatura presidencial a Jacobo Majluta, pero la mayoría de los puestos de elección legislativa y municipal respondían al presidente de la República. Es así como por la capital resultaron electos diputados Hatuey Decamps, Rafael Flores Estrella, Fulgencio Espinal, Fiquito Vásquez, entre otros dirigentes del PRD, que fueron apoyados por el doctor Peña Gómez para garantizar la unidad de la organización.
Indistintamente de quien gane el certamen comicial de 2028, Luis Abinader abandonaría la Presidencia de la República, pero tanto él como sus principales funcionarios están pensando en evadir la justicia y garantizar impunidad e inmunidad parlamentaria, razón por la cual muchas plazas senatoriales están siendo reservadas, así como diputaciones para otros tantos funcionarios públicos, actitud que va en desmedro de los miembros de los bloques de senadores y diputados del PRM, que han aprobado todas las iniciativas del Poder Ejecutivo, incluyendo los empréstitos, pero se les dificulta obtener algo tan simple como entrevista con el presidente de la República y hasta con el propio ministro de la Presidencia.
Esa razón lleva a que senadores y diputados, alcaldes y regidores, activos todos, se estén reuniendo desde el mes de abril. A esas reuniones se han integrado exsenadores, exdiputados, exalcaldes y exconcejales o regidores, así como presidentes de comités municipales, los cuales estarían abandonando el PRM antes de que concluya el año. Se ha hablado, inclusive, del mes de agosto.
Al propio Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, Abinader y Paliza no lo quieren en el puesto, pese a que le apoya todo al ejecutivo. No obstante, el legislador de Cristo Rey controla a más de 25 diputados y obtendría el apoyo de los bloques del PLD y de la Fuerza del Pueblo y podría, de todas maneras, obtener la reelección el 16 de agosto. Es un juego trancado.
El descalabro que se observa internamente en el PRM viene a coincidir con un alto rechazo de la población al Gobierno de Luis Abinader por el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, el enorme crecimiento de la deuda externa sin siquiera construir un puente seco, la crisis eléctrica, la corrupción pública y baja de la calidad de los servicios de salud y educación.
Es un gobierno que se caracteriza por la incompetencia e improvisación. Una muestra está en que acaba de inventar un supuesto Plan Anticrisis, el cual se conocería en las cámaras legislativas, pero se trata de un instrumento de entretención que no resolvería nada.
Si Luis Abinader tuviera la voluntad de economizar dinero solo tiene que reducir los sueldos de los funcionarios, eliminar los beneficios colaterales que reciben, cancelar las botellas, eliminar la publicidad estatal (el bocinaje, usado en la actualidad en campaña sucia contra un líder opositor), y dejar sin efecto todas las pensiones de lujo, de gente que nunca ha dado un golpe en el Estado. Y adicionalmente incrementar la recaudación cobrando el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los empresarios evasores, que él los conoce bien. No tiene que hacer más nada.
Sin embargo, a una crisis económica, que es producto de la incompetencia, le está sumando una crisis política con la gran cantidad de personas que han sido víctimas de sentencias judiciales consistente en prisión por la comisión de difamación e injuria, cuando toda la vida en nuestro país lo que se impuso fue el pago de dinero como reparación de daño. (Que nadie venga con el pretexto de que la justicia es un poder independiente, porque no la es ni nunca la ha sido). Hay una línea política de intimidación desde el Gobierno para todos aquellos que denuncian desde redes sociales irregularidades en la administración pública y comprobados vínculos del Poder Ejecutivo con el narcotráfico.
Las redes sociales no surgieron con el presente Gobierno. Facebook nació el 4 de febrero de 2004, Youtube el 14 de febrero de 2005, Twitter (ahora X) surgió el 21 de marzo de 2006, Instagram el 6 de octubre de 2010 y Tik Tok en septiembre de 2016. Y que me señalen un solo comunicador que haya caído preso del 2004 al 2020. Todos corresponden a la gestión de Luis Abinader, que no es ningún demócrata ni dentro ni fuera de su partido.
Y es una situación que tiende a complicarse con la entrada en vigencia de la Ley 74-25 (ley mordaza), Nuevo Código Penal de la República Dominicana, un traje a la medida de un gobierno corrupto y que al mismo tiempo pretende impedir por ley que se le llame ladrón al que roba. Ese código es una forma de legalizar el robo del dinero público. Es el que denuncia que cae en la ilegalidad y, automáticamente, cae preso.
Esa ley mordaza viene a coincidir con una disposición de la Junta Central Electoral que prohíbe la divulgación de encuestas fuera de períodos de campaña y de precampaña, hecho que no tiene precedentes y viola el Art. 49 de la Constitución, sobre el derecho a expresión.
Se cree que tanto la disposición de la JCE como la Ley 74-25 podrían provocar protestas de la población y no se descarta un levantamiento en la Plaza de la Bandera, el cual podría tener consecuencias impredecibles.
Sencillamente no se quiere que se conozca, mediante estudios científicos, el descalabro del PRM, que, de acuerdo a lo que ocurre en el presente (y lo que ocurriría en el futuro cercano), está destinado a obtener un 20% o menos en el torneo electoral de 2028, exponiéndose a quedar inclusive en tercer lugar y fuera de participar en una eventual segunda ronda o balotaje.
No es muy común en la región que un partido de gobierno quede en tercer lugar, mucho menos en la República Dominicana, donde, de igual manera, el ganador de un proceso electoral regularmente lo hace en una ronda. Empero, en 1996, Jacinto Peynado, candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano (partido de gobierno), quedó en tercer lugar. Hubo segunda ronda, la cual fue disputada entre el doctor Leonel Fernández y el doctor Peña Gómez.
Sin embargo, la gran torpeza de los dueños del PRM, que son los mismos que gobiernan al país, consiste en el manejo antidemocrático de una organización política, que deriva en una enorme crisis política con la renuncia de decenas de funcionarios de elección popular. Y no conforme, esa crisis la extienden a la población con medidas económicas que afectan al consumidor y con disposiciones y leyes de censura a la comunicación, que podrían provocar serias y justificadas protestas nacionales.
