POR RAMON JIMENEZ CANELA
La política exterior de la República Dominicana bajo Luis Abinader ha dejado de ser diplomacia para convertirse en obediencia. Su alineamiento con los intereses geopolíticos de Donald Trump no es estratégico: es un servilismo bochornoso que compromete la soberanía nacional y la memoria histórica de un país que ha sabido defenderse de imperios.
Hoy los titulares lo confirman: Abinader le pone sello dominicano al “Escudo de las Américas”, iniciativa imperial impulsada por Trump. No solo la respalda: la coprotagoniza. Asistió a la cumbre fundacional en Miami en marzo de 2026, donde se firmó una proclamación para crear una “coalición militar regional” contra los cárteles.
En septiembre de 2026 volvió a reunirse con Trump en Nueva York para darle continuidad. No es un foro entre iguales: es un mecanismo para que Washington consolide su control militar sobre el hemisferio, una versión recargada de la Doctrina Monroe que algunos ya llaman “Doctrina Donroe”. Y República Dominicana, otra vez, se presta como plataforma logística.
El servilismo se vuelve más crudo cuando se entrega infraestructura estratégica. En noviembre de 2025, Abinader autorizó que el Comando Sur de Estados Unidos usara áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones logísticas: combustible, equipo y tropas.
El gobierno dice que es “limitado y temporal”, pero la evidencia lo desmiente. El secretario de Defensa Pete Hegseth habló de “ir a la ofensiva” contra los “narcoterroristas”, una operación que ya deja más de 80 muertos en ataques a embarcaciones.
Y el despliegue del Grupo de Ataque del portaaviones USS Nimitz en el Caribe no es precisamente una misión antinarcóticos: es una demostración de fuerza imperial.
La cesión no es un hecho aislado. Abinader también entregó a Estados Unidos la custodia del Puerto de Manzanillo y ha incorporado las fuerzas armadas dominicanas a una coalición militar continental liderada por el Comando Sur. En la práctica, el país se ha convertido en un protectorado administrado desde Washington.
El episodio más grave es la Operación Gideo, que culminó con la captura ilegal del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en Caracas en enero de 2026.
La operación fue posible, según analistas y sectores políticos dominicanos, gracias a las condiciones creadas por la autorización que Abinader dio a Estados Unidos para usar aeropuertos, espacio aéreo y suelo dominicano.
El canciller Roberto Álvarez niega que aviones estadounidenses despegaran desde aquí para atacar Venezuela. Pero la aclaración es insuficiente: Trump ha declarado que utilizó más de 150 aeronaves desde al menos 20 bases.
Aunque no se especifique cuáles estaban en suelo dominicano, la logística cedida convirtió al país en un eslabón de la cadena de agresión. La izquierda dominicana ya lo llama “el campeón de los lacayos”.
La sociedad civil no ha sido indiferente. La Coordinadora Popular Nacional y la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte han rechazado enérgicamente la autorización militar, calificándola de “afrenta a la soberanía” y violación del principio constitucional de no intervención.
Se han oído consignas como “Yankees out of the Caribbean” y se exige un plebiscito para que el pueblo decida si el país participa en acciones bélicas de Estados Unidos.
La oposición, desde la izquierda hasta el PLD, cuestiona la constitucionalidad de estos acuerdos y exige que el canciller rinda cuentas ante el Congreso.
República Dominicana no puede ser recipiente de deportados ni peón en el tablero geopolítico de Washington.
¿Hasta dónde puede llegar la discrecionalidad y el poder de un Estado presidencialista como este?
La respuesta es inquietante: hasta donde lo permita la impunidad. Abinader ha actuado sin consultar al Congreso, ha reinterpretado la Constitución a su conveniencia y ha usado los subsidios públicos para consolidar una mayoría legislativa que le delega su poder.
El resultado es un país que, sin quererlo, se ha vuelto cómplice de las políticas locas del Norte. Un país que presta sus aeropuertos para amenazar naciones hermanas y para secuestrar a un presidente.
Un país cuyo mandatario se fotografía sonriente con Trump en Mar-a-Lago mientras el pueblo denuncia el entreguismo en calles y medios.
La historia no juzgará esta etapa por los titulares de las cumbres, sino por el costo para la soberanía dominicana. Como advierte la CPN: “Hoy el ataque es contra Venezuela, pero mañana podría ser contra Cuba, Colombia, México o cualquier otro país de la región”.
Y la República Dominicana ya entregó las llaves de su territorio para que eso sea posible.
