POR DIEGO ALARCON ROZO
COLOMBIA.- Fueron 18 días de declaraciones, pedidos de auditorías y llamados a la protesta. Poco menos de tres semanas que separaron a las elecciones del 14 de abril del día en el que finalmente Henrique Capriles, líder de la oposición, impugnó los resultados ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El pedido formal de impugnación de resultados ya está en los escritorios de la Sala Electoral del TSJ, y aunque no existe un plazo definido para que los magistrados se pronuncien al respecto, este es un proceso que tardará entre tres y seis meses, de acuerdo con el abogado venezolano Alirio Naime. Él es experto en derecho administrativo y un veterano del recurso de impugnación electoral.
En diálogo con El Espectador, Naime explicó que una vez la Sala Electoral revise el caso, se pronunciará sobre si admite o no el recurso que fue presentado por “cohecho, violencia y fraude”. De no ser así, la victoria de Nicolás Maduro sería legitimada y muy probablemente Capriles recurriría a instancias internacionales para darle justicia a eso que considera injusto.
Sin embargo, si el Tribunal da procedencia a la petición, las variables que se abren son diversas. Podría darse una impugnación jurídica, en la que ante la evidencia de inconsistencias en las actas de votación, se declara la nulidad de los votos de las mesas denunciadas. Si la suma de ellas es potencialmente trascendente en los resultados, el paso a seguir es el de repetir las elecciones sólo en las mesas con inconsistencias.
Podría darse, del mismo modo, una impugnación política, que es a la que se llega cuando se presenta evidencia de que el proceso electoral estuvo viciado, lo que obliga a repetir las elecciones sin declaración de nulidad de puntos de votación específicos, es decir, de manera total. En caso de que esto ocurriera, este sería el primer caso de impugnación política en la historia de Venezuela.
El abogado constitucionalista venezolano Hermann Escarrá ha asegurado que “ciertamente, el Poder Electoral puede declarar la nulidad total del proceso electoral, pero para ello deben presentarse pruebas y hechos contundentes, y en este caso que plantea la oposición, no los hay. Hasta el momento no hay un solo argumento debidamente estructurado como para pensar que el TSJ y el Poder Electoral puedan anular la elección presidencial”.
El abogado Naime opina diferente. Dice que hubo demasiados vicios el 14 de abril: motorizados que acosaban a la gente, puestos de campaña excesivamente cerca de los puntos de votación, mesas con resultados sospechosos, etc. “El proceso tuvo tantos vicios que es incapaz de determinar ya sea la victoria de Maduro o la de Capriles. Es incierto”.
Agotar las instancias nacionales y recurrir a las internacionales de ser necesario, como ha dicho Henrique Capriles, dirige inmediatamente la mirada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sería el organismo encargado de resolver el asunto.
No obstante, en julio del año anterior el expresidente Hugo Chávez anunció que Venezuela se retiraría del Sistema Interamericano aunque, al parecer, asegura Naime, hay dudas sobre si el retiro se formalizó. “En todo caso, desde el día en el que se notifica la salida, hay un año en el que la Corte sigue teniendo jurisdicción en el país. Es probable que, dadas las posiciones políticas asumidas por los magistrados del TSJ, quienes parecen afines al partido de gobierno, el pedido de impugnación sea rechazado. En ese escenario, es muy poco lo que la Corte Interamericana podría hacer, pues la Constitución determina que este tipo de casos forman parte del ordenamiento jurídico interno y probablemente el gobierno no aceptará ninguna injerencia”.
Las semanas determinarán cómo avanzará el caso para la oposición, pero las posibilidades de conquistar algún logro lucen limitadas. Luis Vicente León, director de la firma Datanálisis, considera que “el acto de impugnación podría tener implicaciones políticas. Le da a la oposición una especie de ‘moméntum’. Le permite darle a la gente un sentido de lucha y una esperanza para que en el futuro puedan seguir la batalla defendiendo lo que creen correcto. Pero las posibilidades de que haya una impugnación real son nulas.
Primero por la colonización institucional del país y segundo porque las pruebas reales que podrían llevar a eso (si fuera cierto el fraude) estarían en una auditoría íntegra de las elecciones y no en lo que la oposición tiene en la mano”.
