Nicaragua cedió a una empresa china una concesión, hasta por un siglo, para la construcción y administración de un canal que permita el paso de grandes buques entre el Atlántico y el Pacífico, en una jornada marcada por protestas de los opositores y el agasajo de la empresa.
En una maratoniana sesión, que tuvo de antesala una manifestación en las afueras del Congreso, dos proyectos de ley que ceden la obra a la compañía china HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKND Group), fueron aprobados por la mayoría sandinista (61 votos), que controla el Parlamento, de 92 diputados.
El primer proyecto se refiere a las amplias concesiones que se le da a la empresa para construir la vía acuática y el segundo a las facilidades para levantar las obras auxiliares como puertos, aeropuertos y carreteras.
El presidente de la firma, Wang Jing, en un comunicado se declaró «honrado de tener la oportunidad de desarrollar este proyecto de transformación que tiene el potencial de traer beneficios económicos enormes a largo plazo para Nicaragua, la región, los transportistas internacionales y los consumidores de todo el mundo».
La firma calcula que para el año 2030 el volumen de las transacciones comerciales a través del canal de Nicaragua habrá aumentado un 240 % con respecto a las cifras actuales.
También que el valor total de los bienes transportados por los canales de Nicaragua y Panamá podrían superar los 1,4 billones de dólares, «por lo cual esta ruta mercantil se transformaría en una de las rutas más importantes del mundo».
Dentro y fuera del hemiciclo legislativo, con pancartas y discursos, los adversarios al megaproyecto acusaron al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de ser «vendepatria» y «entregar la soberanía» del país a la HKND Group, a la que se le cedió el proyecto por 50 años, prorrogables con otros 50.
La jornada estuvo marcada por una protesta convocada por 20 organismos y movimientos sociales, incluidos partidos de oposición, contra la concesión para construir el canal.
Mientras, dentro del hemiciclo la oposición, que cargó una bandera nacional y un lazo negro en señal de luto, denunció como «inconstitucional, fraudulenta y lesiva a los intereses de Nicaragua» las leyes aprobadas.
Los manifestantes, que sumaron unos 500, según los organizadores, burlaron una barrera de agentes policiales que bloqueaban el paso a las cercanías del Congreso, entre forcejeos, aunque sin lesionados.
Minutos después, tras una fuerte lluvia, los manifestantes intentaron, sin éxito, tumbar un portón para ingresar a la Asamblea Nacional, y lanzaron bolsas con pintura rosado fucsia, el color que utiliza el Gobierno sandinista en su propaganda oficial.
«Estamos comenzando la lucha contra la entrega que está haciendo Ortega de nuestra soberanía, de nuestro territorio, a una empresa de fachada, en la que seguramente su familia tiene intereses económicos», dijo a Efe la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, opositora al Gobierno.
La presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), no gubernamental, Vilma Núñez, dijo a Efe que Ortega «es el principal responsable de la traición a Nicaragua», porque, a su juicio, «entrega prácticamente todo el territorio del país» a la firma china.
También lo responsabilizó de autorizar la destrucción del «mayor reservorio de agua (Gran Lago o Lago Cocibolca)», por donde pasaría el canal.
Los manifestantes cargaron pancartas con rostros de cada uno de los 62 diputados sandinistas (uno no votó ni a favor ni en contra), con una leyenda que los tildaba como «filibusteros», en alegoría a los aventureros estadounidenses, que encabezados por William Walker, pretendían apoderarse de Centroamérica a mediados del siglo XIX.
Las organizaciones que se manifestaron contra la concesión para construir un canal anunciaron que iniciarán acciones legales y otras actividades para buscar la derogación de esa ley.
Los sandinistas, en cambio, destacaron las bondades económicas que traería la construcción del Gran Canal Interoceánico, una obra que, según el Gobierno, durará unos 10 años y costará 40.000 millones de dólares, datos que no han sido confirmados por la firma.
La obra incluiría un canal húmedo para naves y uno seco ferroviario, oleoductos, puertos, pistas aéreas y zonas de libre comercio tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico.
El Gobierno sandinista calcula que, si la construcción del canal inicia en mayo de 2014, el crecimiento económico del país sería del 10,8 % en 2014 y del 15 % en 2015.
Por su lado, la empresa china anunció que han «contratado a un equipo internacional de expertos de primer nivel para apoyar los estudios de viabilidad», y que la consultora global de sostenibilidad ERM conducirá un análisis para evaluar de manera independiente el impacto medioambiental y social.
Asimismo, confirmó que la construcción del canal no utilizaría las aguas del río San Juan, fronterizo con Costa Rica.
