VENEZUELA.- La corrupción se ha situado en el centro de la agenda en Venezuela tras una semana de acusaciones por parte del chavismo y la oposición en las que se han mezclado insultos y descalificaciones sexistas cuando el país ya se enfila hacia las elecciones municipales de diciembre.
La lucha contra ese flagelo volvió a cobrar protagonismo después de que el presidente Nicolás Maduro intensificara esta semana sus llamados a combatir el problema al anunciar que pedirá poderes especiales al Parlamento y declarará una «emergencia nacional» para enfrentarlo.
El líder opositor, Henrique Capriles, aseguró este sábado que Maduro sólo conseguirá esos poderes «vía corrupción» puesto que el oficialismo cuenta con 98 diputados en la Asamblea Nacional, uno menos de los necesarios para autorizar una denominada «ley habilitante» que permitiera al presidente legislar sin control parlamentario.
Más allá de la polémica y de las acusaciones sobre la forma en que se está abordando el tema de la corrupción, organizaciones como Transparencia Internacional celebran que finalmente el debate sobre el tema ocupe un puesto importante en la agenda política en un país con malos resultados en las clasificaciones internacionales de percepción de corrupción.
«Estamos contentos de que por fin alguien diga que tenemos que tener una emergencia ante la corrupción», dijo a Efe la directora del capítulo venezolano de Transparencia Internacional, Mercedes de Freitas, al calificar como «dramática» la proliferación de este delito.
Tal como había hecho a inicios de su Gobierno, cuando anunció la creación de un «organismo secreto» para combatir la corrupción, Maduro volvió a poner en el centro de su gestión un problema que planteó como clave para la supervivencia de la Revolución Bolivariana.
«En esta lucha vamos a continuar despertando conciencias (…) porque si nosotros no logramos despertar las conciencias mayoritarias de una Venezuela que quiere futuro, podríamos entrar en una etapa de reversibilidad de los cambios revolucionarios que ha vivido nuestra patria», alertó el jueves.
Con su campaña, Maduro ha roto además un tabú político en torno a un tema al que su antecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, evitó reconocer como un problema de gravedad.
Sin embargo, la ofensiva tuvo como uno de sus primeros blancos al partido de Capriles, Primero Justicia, que en nombre de la lucha contra la corrupción fue acusado en una tensa sesión parlamentaria de financiarse con dinero del narcotráfico y la prostitución.
Las acusaciones subieron de temperatura y llegaron a incluir insultos contra Capriles, al que el parlamentario chavista Pedro Carreño llamó «homosexual» y «maricón», mientras mostraba una supuesta acta policial en la que decía que el líder opositor había practicado sexo oral con otro hombre.
Estas denuncias fueron recibidas con escepticismo por algunos analistas, que temen que la declaración de guerra a la corrupción sea usada para perseguir a políticos opositores.
Freitas expresó su preocupación por la posibilidad de que se «desvirtúe» esta campaña «como un asunto político-partidista» y señaló que los anuncios hechos hasta ahora por el Gobierno no se corresponden con las convenciones internacionales que Venezuela ha firmado contra la corrupción.
Para el director de la consultora Hinterlaces, Oscar Schemel, el desafío de Maduro es encontrar en esta política contra la corrupción una vía para imprimirle un sello propio a su Gobierno, tras haber sido elegido por Chávez como su heredero político.
«La lucha contra la corrupción le permite a Maduro contar con un discurso moral para construir su propio liderazgo y por otro lado le permite debilitar moralmente a los factores de oposición a poco de las elecciones», dijo Schemel.
Pese a que la campaña oficial para las elecciones municipales comenzará a fines de noviembre, tanto el chavismo como la oposición ya se han metido de lleno en la carrera por las alcaldías del país y han convertido las acusaciones mutuas de corrupción en uno de los ejes de sus enfrentamientos.
La oposición ha rechazado las denuncias en su contra, ha acusado al Gobierno de orquestar un «show» para ocultar los «verdaderos problemas del país» como la inflación o la inseguridad y le ha reclamado detenciones de figuras de peso dentro del chavismo.
El analista Luis Vicente León, presidente de la consultora Datanálisis, considera que la estrategia de Maduro podría convertirse en un «bumerán» si la población percibe que solo se persigue a opositores.
«Es un juego de alto riesgo porque (…) a mediano y largo plazo la población puede terminar diciendo que tú eres el responsable de una corrupción que no se ha resuelto», dijo León, en referencia a Maduro.
