SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El alcalde del municipio de Santa Lucia de la provincia del Seibo, Jhossan Capell, denunció este viernes que un grupo de haitianos izaron la bandera haitiana al tiempo que quemaron la de República Dominicana, acción realizada en rechazo a la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional.
Capell dijo que el hecho ocurrió el pasado jueves, donde, además, fueron destruidos monumentos dedicados a Félix Sánchez, la ambulancia de la funeraria, los pozos tubulares y hasta un parque infantil.
Indicó que también los haitianos quemaron gomas creando una situación muy tensa entre habitantes de la comunidad y “además, no nos dejan trabajar”.
Acusó a Darío Alfredo Cedeño y Dariolis Cedeño; y a su hija, militar y asimilada, así como también al aguacil Cenobio Febles, quienes, dijo, están ayudando a los haitianos en la quema de la bandera y a destruir los monumentos y obras que fueron construidas en beneficios de la comunidad.
Además, dijo que la Policía de la comunidad le facilitó dos vehículos para franquear a los haitianos que participan en los disturbios.
Manifestó que puso al tanto de la situación al ministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez.
Igualmente, hizo un llamado a las autoridades competentes como a Inmigración, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al procurador general de la República Dominicana, el presidente de la Junta Central Electoral, a los fines de que regularicen a los extranjeros, ya que tienen dos ediles a los que le afecta la decisión del tribunal.
Expresó que también fueron donde la Defensora del Pueblo, a los fines de que puedan regularizar a los extranjeros.
Destacó que esta comunidad está constituida más por extranjeros, especialmente por haitianos, con un 64 por ciento, debido al corte de caña de azúcar.
Resaltó que esta inmigración haitiana creció por el terremoto que sucedió en Haití, lo cual ha ayudado al deterioro de la economía del lugar.
Expresó que en los últimos días se ha intensificado el debate sobre la inmigración haitiana en el país, luego de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos viniera al país y descalificara la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que ordena iniciar un proceso de regularización de los haitianos indocumentados residentes en el territorio nacional.
