Por José Gómez Cerda
Presidente de la Asociación Dominicana de Periodistas y escritores (ADPE)
El sistema de Seguridad Social Dominicano está en una importante etapa de despegue del cual dependerá mucho su futuro como entidad de servicios.
El sistema recauda valiosos ingresos, pero debe ser cuidadoso para reguardar bien el patrimonio de sus afiliados; y mejorar sustancialmente los servicios de salud.
Diversos sectores han cuestionado el sistema de cuentas individuales, la privatización de las pensiones, porque hasta ahora es un negocio para los bancos.
El sistema actual de Seguridad Social es un cambio real del sistema anterior de Seguros Sociales, más moderno, sin embargo, tiene defectos que deben ser corregidos a su tiempo, mediante la concertación del Gobierno, los Empleadores y los representantes de los afiliados, entre esos problemas está la puesta en vigor del sistema de Seguro Familiar de salud, que cubra las necesidades de los afiliados, sin negación de servicios.
El sistema no es una panacea a los graves problemas de los afiliados y sus familias. El hecho de que sea moderno no implica necesariamente que tengan cuantiosos beneficios para los trabajadores y sus afiliados, los hechos demostrarán si realmente los cambios son para la distribución de la justicia social.
La Seguridad Social dominicana ha adoptado nuevas técnicas administrativas, sistemas modernos, que deben complementarse con la sensibilidad de los principios y valores que han dado vigencia al sistema, como son la generalidad, solidaridad y la Justicia Social; los objetivos fundamentales de un sistema de seguridad social: el bienestar social de los asegurados y los pensionados.
El año 2013 pasó sin el cumplimiento de iniciativas que se presumía que serían puestas en vigencia, como son la atención primaria en el régimen contributivo, el reajuste de las pensiones del sistema de reparto, los servicios de salud a los pensionados, y en especial la denegación de derechos a los afiliados.
El Gobierno y el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) deben asumir mayores responsabilidades ante el sistema de seguridad social, actuar con mayor energía en el cumplimiento de la ley 87-01, y definir lo que es un estado de bienestar social, para proteger a los más débiles, que son los afiliados, e incorporar al sector informal, que es el principal productor de trabajos en el país.
