TEGUCIGALPA.- El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, y el recién electo, Juan Orlando Hernández, le amargaron las fiestas de Navidad a sus compatriotas con la aprobación de un nuevo paquete de medidas fiscales, alegando que son necesarias para superar la crisis económica que atraviesa el país.
Se trata de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, que fue aprobada en la madrugada del sábado en una sesión de más de doce horas, a tres días de la Nochebuena, en un ambiente de mucha discusión por el rechazo de la mayoría de los diputados de la oposición.
La Ley contempla aumentar del 12 % al 15 % el Impuesto sobre Ventas (ISV), que podría generar ingresos por 4.500 millones de lempiras (unos 217 millones de dólares) al país, según el ministro hondureño de Finanzas, Wilfredo Cerrato.
El paquete se suma a alrededor de una decena de medidas de ajuste económico que han sido aplicadas durante la gestión de Lobo, quien terminará su mandato de cuatro años el próximo 27 de enero.
Las nuevas medidas fueron aprobadas un mes antes de que asuma Hernández, ganador de las elecciones generales del 24 de noviembre pasado bajo la bandera del gobernante y conservador Partido Nacional.
Hernández, quien goza de un permiso como presidente del Parlamento hondureño, logró acordar con Lobo el paquete de medidas, sabiendo que en la próxima administración legislativa no tendrá la mayoría simple que ahora tiene su partido, 71 de los 128 diputados.
Debido a la ruptura del bipartidismo tradicional en las elecciones de noviembre, el Partido Nacional pasará de 71 a 48 diputados, mientras que el Libertad y Refundación (Libre, de izquierda), tendrá 37.
El otro partido tradicional en Honduras, el Liberal, también conservador, pasará de 45 a 27 diputados, en tanto que el Anticorrupción, que al igual que Libre participó por primera vez en las elecciones, contará con trece.
Los tres diputados restantes corresponden a igual número de partidos minoritarios.
Según analistas locales, era de esperarse que cualquier partido que ganara las elecciones, incluido Libre, que dirige el expresidente Manuel Zelaya, derrocado en junio de 2009, aplicaría drásticas medidas de ajuste por la crisis económica sin precedentes que atraviesa el país.
Lo que no se esperaba era que el «paquetazo», como califican los hondureños las cargas tributarias fueran aprobadas en vísperas de la Navidad, sino que se discutieran en la próxima legislatura.
Según el presidente Lobo, la crisis en parte obedece a una deuda interna de 35.000 millones de lempiras (unos 1.707 millones de dólares) que heredó de la administración de Zelaya y por la que, solamente en intereses, se ha tenido que pagar unos 5.000 millones de lempiras (unos 243,9 millones de dólares) al año.
Sumadas las deudas interna y externa de Honduras, superan los 5.000 millones de dólares, según fuentes públicas y privadas.
El ministro de Finanzas, al defender la aprobación del nuevo paquete económico, dijo que la ley establece medidas para la contención del gasto en la Administración pública que significará unos 16.000 millones de lempiras (771,8 millones de dólares).
La Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas incluye nuevos gravámenes o eleva algunos ya vigentes para productos y servicios, además de suprimir o limitar exoneraciones.
El arrendamiento de edificios, la telefonía móvil, el servicio de televisión por suscripción, internet, entre otros productos y servicios, serán afectados, según las escalas, con la nueva ley.
Además se establece que las empresas que ganan más de un millón de lempiras (48.239 dólares) al año tendrán que aportar, además de sus impuestos normales, un 5 % adicional de sus ganancias, denominado «aporte solidario» a partir de 2014.
De acuerdo con la nueva norma, la Secretaría de Finanzas podrá hacer «recortes necesarios» al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para obtener un ahorro de al menos 100 millones lempiras (4,8 millones de dólares), en las transferencias al sector privado.
También establece que los funcionarios públicos que se excedan en el presupuesto asignado serán automáticamente cesados en su cargo y quedarán inhabilitados por diez años.
Las nuevas medidas de ajuste económico serían respaldadas por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo presidente, Luis Alberto Moreno, fue recibido el viernes por Hernández en Tegucigalpa.
Moreno dijo a periodistas que el nuevo Gobierno hondureño que asumirá en enero tendrá que buscar «acuerdos que le permitan llegar realmente con inversión social y ayudar a tantos hondureños y hondureñas que lo necesitan», en un país donde la pobreza afecta al 70 % de sus 8,5 millones de habitantes.
Hernández también tendría que buscar un acuerdo para la firma de una carta de intenciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que no pudo hacer la Administración de Porfirio Lobo en la recta final de su mandato.
