SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El Movimiento Justicia Fiscal aseguró hoy que durante los dos primeros años de gestión del presidente Danilo Medina, el Gobierno ha violado sistemáticamente «las más elementales normas de ejecución presupuestaria».
En un análisis con motivo del segundo aniversario del Gobierno de Medina, Justicia Fiscal dijo que en los últimos 24 meses, el gobernante «manejó los recursos públicos con muy bajos niveles de transparencia, se negó a luchar contra la corrupción y mantuvo una política de gasto que, a pesar de los avances en el tema de la educación, en gran medida ha sido clientelar, deficitaria y fundamentada en el incremento insostenible de la deuda pública».
Según el estudio, en este período Medina tuvo «una moderna y efectiva campaña comunicacional, pero en el fondo aplicó muy pocos cambios estructurales en las políticas de inversión social; y mantuvo el mismo modelo fiscal de las últimas décadas, el cual coloca mayor presión tributaria a los sectores menos favorecidos del país».
De manera específica, Justicia Fiscal explicó que en los últimos dos años el Poder Ejecutivo violó al menos 11 artículos de la Ley Orgánica de Presupuesto relacionados con los procesos y etapas del manejo del dinero colectivo.
De igual forma, señaló, que las autoridades habrían faltado a los mandatos de la Constitución vinculados al ciclo presupuestario.
«Los procedimientos de rendición de cuentas se han vuelto muy lentos, poco claros y en muchos casos son sencillamente inexistentes. Igualmente ha faltado claridad en el manejo de las finanzas públicas», destaca Justicia Fiscal en el comunicado emitido hoy durante una rueda de prensa desarrollada en el Centro Bonó.
Tras 24 meses de gestión, «la ciudadanía todavía espera y demanda que el gobierno de Danilo Medina aclare el inmenso e ilegal déficit fiscal del 2012 y procure las sanciones penales que corresponden a sus responsables», precisó el Movimiento.
Justicia Fiscal también sostuvo que las promesas de racionalización del gasto público se han quedado en palabras y decretos incumplidos, debido a que los gastos globales del Gobierno se vieron incrementados en un 12 % al comparar el 2013 con el 2012.
De manera particular, dijo que los gastos en los principales rubros que abarcaba «el famoso decreto de austeridad» en el primer año tuvieron un incremento de 13,146 millones de pesos, al pasar de una ejecución en 2012 de un monto de 105,760 millones a un total en el 2013 de 118,906 millones.
Como ejemplo señalaron que el gasto en publicidad y propaganda en lugar de reducirse se incrementó en un 24 %.
Respecto a la deuda pública, la evaluación técnica del colectivo arroja «que existe una grave amenaza de insostenibilidad fiscal, debido a que los importantes déficits del Gobierno se siguen supliendo con un aumento en el endeudamiento».
Por esta razón la deuda pública consolidada, que era de un poco más de 25,000 millones de dólares (43.5 % del PIB) en el 2012, llegaría a cerca de 30,000 millones de dólares (50 % del PIB) a finales de este 2014.
Salvo excepciones como la del cumplimiento con el 4 % para educación, según la entidad, en la estructura del gasto público no se han visto modificaciones importantes, ni reorientación hacia la inversión social.
«Sigue siendo muy baja la inversión pública en sectores tan fundamentales como salud, seguridad social y vivienda, al tiempo que continúan prácticas de derroche, como las del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ejecutó un monto de 12,250 millones de pesos, 3.7 veces más que todo lo gastado en vivienda», subrayó.
Este último gasto se realiza para mantener representaciones consulares «innecesarias» y «de clara vocación clientelar», consideró.
En su comunicado, Justicia Fiscal argumentó que la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, así como en la ejecución y evaluación de las políticas sociales, «hace imposible que cualquier especialista responsable pueda creer o aceptar la cifra de reducción de la pobreza tan publicitada por el gobierno de Danilo Medina».
Justicia Fiscal subrayó que «sólo la transparencia y la rendición de cuentas pueden dar legitimidad y sostenibilidad al ejercicio democrático del poder».
«La propaganda de imagen no tiene nada que ver con el principio democrático de la transparencia (…)», concluyó.
