SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, desmintió este lunes las acusaciones del condenado por narcotráfico Quirino Ernesto Paulino Castillo de que a los fiscales dominicanos “se llevaron de su vivienda” 18 millones de pesos.
Hernández Peguero, actual juez del Tribunal Superior Electoral (TSE), reveló que el caso de Paulino Castillo, sigue abierto en los Estados Unidos.
También informó que las investigaciones sobre el caso Quirino se iniciaron en el 2002 y que concluyeron a finales del año 2004, con su apresamiento. Añadió que fue una acción conjunta entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Igualmente, expresó que el condenado narcotraficante se haya salido del Programa de Protección al Testigo, por la forma en que se expresa.
Incautación del dinero
Hernández Peguero explicó que dentro de la casa Paulino Castillo, que fue allanada tres horas luego de que el narcotraficante fuera apresado, se incautaron, además de los muebles, ropa y otras pertenencias, más de un millón de pesos en efectivo en una gaveta del dormitorio de la esposa, así como una máquina de contar dinero y documentos.
En llamada al programa “El Gobierno de la Mañana”, dijo que en allanamiento participaron agentes de la DEA, la DNCD y fiscales del Ministerio Público.
“Todo se fotografió y se inventarió, ese material fue compartido con las autoridades de Estados Unidos, hicimos un inventario y lo compartimos para ver qué otra vinculación puede haber con otras personas”, sentenció el juez.
Al ser cuestionado sobre los RD$18 millones que Quirino denunció fueron sustraídos de su casa, Hernández Peguero sostuvo que posiblemente fueron más, por la cantidad de dinero que manejaba el narcotraficante, pero que en la vivienda solo se encontró poco más de un millón de pesos.
“Cuando hicimos el allanamiento yo noté que no aparecía el dinero, sabiendo que él manejaba hasta 700 mil dólares y ordené que se procediesen a buscar perros expertos en detección de dinero y comenzaron a hoyar las paredes y en el patio se hicieron excavaciones”, explicó Hernández Peguero.
Indicó que la organización de Quirino Paulino estaba preparada para que si lo apresaran, personas tuvieran tiempo para esconder evidencias, ya que las autoridades no cubrían “para estar en todos los lugares en que operaba el narcotraficante”.
“Si alguien escondió evidencia fue Quirino, no las autoridades… pudimos recavar información que fue remitida a la DEA y a los fiscales de Estados Unidos, no es cierto que ocultamos o distrajimos. Categóricamente desmiento que allí se pudiera perder evidencia con intensión o sin intención”, sentenció.
Además, relató que dos años después del apresamiento de Quirino, se presentó a su despacho una mujer llamada Ana Altagracia Santana Pérez, quien denunció que la hermana de la esposa de Paulino Castillo le había entregado a su esposo (Víctor Manuel Mella Terrero) tres maletas llenas de dólares, que habían sido guardadas por el narcotraficante.
“Las maletas fueron guardados en el almacén de la factoría de arroz que estaba localizada en la calle Emilio Prud’Homme. En algunas ocasiones el señor Mella Terrero -que pertenecía a la empleomanía- entregó dinero al señor Rosendo Santana Pérez, administrador de ese establecimiento y esposo de una cuñada de Quirino”, apuntó.
Narró que la señora Santana Pérez le dijo que su esposo había sido secuestrado y que semanas antes dos colombianos habían requerido la entrega de esas maletas llenas de dólares, pero que su marido les respondió que a quien guardaba la maleta, supuestos miembros de la DNCD le hicieron un allanamiento y se llevaron los bultos.
Con relación a la supuesta vinculación del expresidente Leonel Fernández, el magistrado aseguró que en las investigaciones en conjunto que se hicieron, no se registró ni en video ni en fotografías ni reportes algún tipo de conexión con el condenado por narcotráfico.
“En la evidencia no se puede establecer relación o contacto con el expresidente Leonel Fernández y con respecto a otros políticos tampoco. No se puedo comprobar que ningún militar protegiera a Quirino para encubrirlo”, agregó.
Hernández Pequero sostuvo que solicitó que todos los bienes de Paulino Castillo quedaran en manos del Estado dominicano y que luego se hizo un acuerdo entre las autoridades locales y las estadounidenses, quedándole al país RD$900 millones en bienes y dinero del tráfico de droga.
“Ese dinero, evidentemente y como lo establece la ley, fue distribuido a las entidades de rehabilitación de drogadictos, la DNCD y otras instituciones de combate del narcotráfico. No hay posibilidad de que esos bienes específicos se les devuelvan a Quirino”, manifestó.
Informó, además, que Quirino Paulino tenía dos casos pendientes en la Justicia dominicana: un por el cargamento con el que fue arrestado y el otro por uno decomisado en Puerto Rico.
Indicó que las autoridades del país renunciaron a juzgarlo por el cargamento con el que fue arrestado y el de Puerto Rico fue archivado, ya que el imputado había sido extraditado a Estados Unidos.
