Magistrado JCE advierte a nieto de Trujillo sobre partido quiere que le reconozcan

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Olivares puntualizó que lo que no puede pretender Ramfis Domínguez-Trujillo es ser continuador del Partido Dominicano que fundó su abuelo ni los principios que en los hechos fundamentaron los gobiernos del sanguinario político.
Olivares puntualizó que lo que no puede pretender Ramfis Domínguez-Trujillo es ser continuador del Partido Dominicano que fundó su abuelo ni los principios que en los hechos fundamentaron los gobiernos del sanguinario político.

SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El magistrado de la JCE, doctor Eddy Olivares,  advirtió al nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, Ramfis Domínguez-Trujillo,  que debe cumplir con los principios establecidos en la Constitución para el reconocimiento de un partido político.

Afirmó que el artículo 4 de la Constitución dispone que los partidos políticos deben estar fundamentados en el principio de que el gobierno de la República Dominicana será democrático, republicano y representativo.

Asimismo, que el Estado dominicano estará integrado por tres poderes, como son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

Sostuvo que a nadie que no cumpla con estos requisitos se le puede reconocer un partido político.

Olivares puntualizó que lo que no puede pretender Ramfis Domínguez-Trujillo es ser continuador del Partido Dominicano que fundó su abuelo ni los principios que en los hechos fundamentaron los gobiernos del sanguinario político.

“El o cualquier otro ciudadano tiene derecho a solicitar, conjuntamente con un grupo de ciudadanos, conforme a lo que establece la ley, el reconocimiento de un partido político, siempre y cuando cumpla lo que establece el artículo 216 de la Constitución”, acotó.

Observó que esa disposición establece que la organización de partidos políticos en la República Dominicana es libre, lo que significa que cualquiera tiene derecho a solicitarla.

Comentó que el plazo para depositar solicitudes de reconocimiento de partidos políticos y organizaciones municipales debe hacerse ocho meses antes de las elecciones ordinarias.

Observó que para los próximos comicios estaría venciendo el 15 de agosto de este año, para que quienes procuran un reconocimiento depositen sus expedientes.

Precisó que hasta el momento han sido depositados y están en condiciones de ser revisados en el trabajo de campo ocho solicitudes de reconocimiento de partidos políticos y dos de organizaciones municipales.

Argumentó que todo está preparado para el trabajo de campo el cual se toma varios días, y una vez levantado la Comisión de Juntas Electorales y Partidos Políticos hace la depuración correspondiente y remite al Pleno de la JCE, que toma la decisión de aceptarla o rechazarla.

 Advierte sobre consecuencias de no aprbar Ley Electoral

 El magistrado de la Junta Central Electoral  (JCE), doctor Eddy Olivares, advirtió que de no aprobarse una modificación de la Ley Electoral, las elecciones del 2016 serían bastante inequitativas, con 4,200 cargos en juego y una falta control del gasto en la campaña electoral.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder,  manifestó sin el cambio a la norma quienes tengan más dinero, recursos del Estado y los ayuntamientos tendrán mayor posibilidad de salir ganancioso frente a otros adversarios que no cuenten con las mismas condiciones.

“Igualmente, tendríamos, sin lugar a dudas, un proceso caracterizado por la utilización de recursos también provenientes de la contribución privada, favoreciendo inequitativamente también a quienes tengan menos recursos porque entonces no tendremos un control con los gastos en la campaña”, acotó.

Olivares sostuvo que al final el electorado terminará votando por quien haya logrado confundirlo a través de los medios de comunicación o por quien le dé el dinero o le compre el voto.

“Tendremos unas elecciones, en consecuencia, en la que el elector no podrá o no podremos, nosotros lo que somos parte de esta democracia, decir que es una elección absoluta y planamente libre”, adujo.

Indicó que producto de la manipulación por diferentes vías, el elector no habrá de ejercer un voto realmente libre, informado y calificado.

Planteó que en unas elecciones de 4,200 cargos que serán escogidos el mismo día, probablemente no habrá una garantía de la escogencia de los mejores candidatos.

Consideró que el país irá a unas elecciones en las que se utilizarán los recursos de una manera indiscriminada y lo que deberían estar pidiendo, exigiendo y reclamando con fuerza actualmente todos los partidos políticos, sobre todo los de oposición y la sociedad en sentido general, es la reforma de la Ley 275-97.

El funcionario electoral atribuyó la no modificación de la norma a que el liderazgo político casi siempre actúa cuando tiene el control del Congreso Nacional en función de intereses coyunturales.

Comentó que el que está en el poder lo que hace es que se niega a que haya una ley para que las contiendas electorales sean equitativas.

“Esa es la razón por la que resulta tan difícil una reforma electoral que establezca controles efectivo en lo que tiene que ver con la utilización de recursos no autorizados en las campañas electorales”, sentenció.

Manifestó que ese debería ser el tema de discusión, pero está relegado y no está ni siquiera contemplada la posibilidad de que el proyecto de ley que la JCE envió hace cuatro años al Congreso sea conocido.

Las leyes de Partidos y Electoral

El magistrado de la JCE afirmó que la Ley de Partidos Políticos no es un instrumento para incidir de modo determinante en la organización de las elecciones de mayo del 2016, sino que esa normativa que busca ser creada solo rige la vida interna de los partidos políticos.

“Ha habido una gran confusión en ese sentido, he escuchado decir que sin la Ley de Partidos las elecciones serían un desastre, que la Ley de Partidos va a salvar las elecciones, es la panacea para todo, todos los problemas electorales se resuelven con una Ley de Partidos”, subrayó.

Olivares advirtió que no es así, porque la esa norma lo que resolvería es fundamentalmente los problemas internos de las organizaciones y contribuir con que sean mucho más fuertes, democráticos y transparentes.

Precisó que la que sí debió ser reformada es la Ley Electoral, lo cual es inexplicable que no se haya hecho cinco años después de la proclamación de la Constitución del 2010.

No cree que con respecto a la Ley de Partidos Políticos vaya a surgir algún efecto en lo que tiene que ver con su esencia, que es la garantía de la democratización de los partidos políticos.

Argumenta que ya la mayoría de los partidos políticos mayoritarios han fijado fecha para la escogencia de sus candidatos y otros lo tienen, como es el caso del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Recalcó que solo falta para establecer la fecha para sus primarias el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Sin embargo, Olivares dijo que los precandidatos a la presidencia de la República hace casi dos años que están en la calle en su precampaña.

“Uno de los aportes más importantes de una ley de Partidos es el que tiene que ver con la escogencia de los candidatos y los directivos de los partidos políticos, mediante métodos y prácticas democráticas”, significó.

Comentó que muchos líderes políticos son muy democráticos hacia afuera y se consideran verdaderos ejemplos en lo que tiene que ver con la defensa de la democracia, pero a lo interno de sus partidos no lo son.

“A lo interno de sus partidos, actúan totalmente contrarios y ahí se aplica el criterio de Robert Michels, el gran sociólogo alemán, que a principios de siglo habló de la Ley de Hierro de las oligarquías de los partidos políticos, y es que todos cuando llegan a tener el control del partido político tratan de eternizarse en los cargos y evitar ser sustituidos de ellos a como dé lugar”, enfatizó.

Olivares dijo que esos políticos se convierten en oligarquía autoritaria en contra de quienes no detentan el poder a lo interno de esas organizaciones.

En ese sentido, expuso que la esencia de una ley de Partidos Políticos es evitar esa práctica y garantizar que la organización funcione con transparencia y sus bienes y patrimonios sean manejados de una manera idónea.