SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- Tras el cambio de autoridades, no importa en qué instancias del Estado se produzca, es común que sus nuevas autoridades reciban grandes deudas de sus antecesores que podrían afectar una buena gestión.
Por lo regular son deudas exorbitantes como las recibidas por nuevos alcaldes el 16 de Agosto pasado, que antes habían asombrado a la opinión pública con ventas de propiedades municipales, como áreas verdes, concesión alegre para instalar estaciones para vender combustibles, entre otras y la amenaza del procurador general de la República de que ordenaría una investigación del caso.
El monto es bastante sólido, la deuda heredada por el nuevo alcalde del Distrito Nacional es de 2000 millones de pesos. El de Santo Domingo Norte, 700 millones de pesos; Santo Domingo Este, 900 millones de pesos; Santiago, 1500 millones de pesos.
Sólo Francisco Peña, alcalde de Santo Domingo Este, uno de los cabildos del Gran Santo Domingo, dijo que recibió las finanzas saneadas, pero hay que acotar que sustituyó en esas funciones a un hijo, por lo cual muchos dudan de sus palabras y exigen pruebas y hasta se ríen de sus palabras.
Los nuevos alcaldes hicieron las denuncias de las deudas recibidas, pero hasta ahora no han informado si investigarán profundamente para determinar si la monumental deuda heredada se hizo acorde con las normas establecidas por la ley.
Sería factible que estos informes se publiquen, que sean colgados en la red para un mejor acceso de la población y se compruebe en qué se gastó tanto dinero.
Lo que resulta extraño es que los nuevos funcionarios hagan las denuncias y no ofrezcan detalles de las deudas a la población y así cumplir con las normas de la transparencia.
David Collado, nuevo alcalde del Distrito Nacional, dijo que no iba a mirar atrás en relación a la deuda heredada de Roberto Salcedo, con lo que dejaba entrever que más allá de la denuncia, no iba a hacer más nada. Igual sentido han externado otros alcaldes.
Entre tanto, la opinión pública no sabe en qué se gastó la monumental deuda heredada por los cabildos, si fue en actos ilícitos o lícitos.