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CARACAS – La decisión tomada por varios tribunales venezolanos el jueves de anular la recolección de 1 por ciento de las firmas para activar un referéndum revocatorio deja en el limbo la posibilidad de remover al presidente Nicolás Maduro por la vía constitucional, pacífica y electoral.
De manera poco sorpresiva, el Consejo Nacional Electoral usó la medida como como escalón para anunciar, horas más tarde, la suspensión de la recolección de más firmas la semana entrante, poniendo en suspenso la realización del referéndum.
Esta trama judicial, anunciada casi en forma simultánea, tiene visos de ilegalidad y no podría explicarse sin tener en cuenta la férrea concentración de poderes que el chavismo detenta en Venezuela, desde el año 2005.
El abogado constitucionalista Gustavo Linares Benzo aclaró que el artículo 35 del Código Orgánico Procesal Penal “establece claramente que ningún juez penal podrá anular actos administrativos”, en este caso la resolución del poder electoral de dar por cumplida la recolección del 1 por ciento de las firmas para el revocatorio.
El gobierno atrapó a la oposición en un callejón sin salida cercándola con el marco institucional. El camino elegido, contemplado en la Constitución, no sólo ha sido un auténtico vía crucis, sino que no ha conducido a ninguna parte y ahora el gobierno le ha dado una patada a la mesa. Las opciones que quedan son tan dilemáticas como cruciales.
Venezuela vive un punto de quiebre. Si se confirma la tesis de que no habrá referéndum, como lo habían anticipado los voceros del chavismo, incluido el presidente, se cerrará la válvula de escape que hasta ahora había servido para contener el descontento que más del 80 por ciento de los venezolanos manifiestan frente al colapso económico y social causado por la gestión de Maduro. Y no hay duda de que añadirle más presión a la olla que ya es la sociedad venezolana podría hacerla explotar.
Desde un comienzo, los obstáculos para tratar de impedir la realización del referéndum revocatorio han sido la norma. Desde junio, voceros del chavismo insistían en que más de 600.000 firmas eran fraudulentas o defectuosas. No obstante, la cifra no afecta al 1 por ciento exigido – y ya validado por el CNE – para activar la segunda fase del referéndum.
La estrategia del chavismo consiste en hacer uso de todo el poder institucional que controla para impedir el proceso electoral. Lo ha hecho a través del Tribunal Supremo de Justicia y el CNE. Y ahora a través de la jurisdicción penal. La jugada pone en jaque a la democracia venezolana y entraña riesgos imprevisibles para el gobierno y la oposición.
La oposición política, que había cometido una serie de errores en el pasado, incluida #La Salida (una rebelión en las calles que fue brutalmente reprimida por las fuerzas policiales y militares) decidió nuclearse alrededor de la propuesta que inicialmente hizo Henrique Capriles Radonski, líder del partido Primero Justicia, quien apostó por el referéndum revocatorio. Al conocer la decisión de los tribunales penales, Capriles trinó en Twitter: “Ningún Tribunal anunciado por algunos enchufados puede parar proceso electoral del pueblo”.
Los acontecimientos de ayer coronan una semana de noticias impactantes, entre otras el diferimiento para mediados de 2017 de las elecciones de gobernadores y alcaldes y la medida cautelar de casa por cárcel para Manuel Rosales, preso político y líder de Un Nuevo Tiempo, uno de los cuatro partidos que dominan la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática. Al mismo tiempo el tribuna penal de Carabobo prohibió la salida del país de algunos de los principales líderes de oposición, como Jesús Torrealba, vocero de la MUD, y Capriles Radonski.
Precisamente, el beneficio de casa por cárcel otorgado a Rosales le da crédito a la versión que venía circulando en medios políticos y que podría resumirse en el siguiente quid pro quo: Rosales sale de la cárcel a cambio de que la oposición desista del referéndum revocatorio. Lo importante de esta trama no es ni siquiera su veracidad, sino el efecto negativo que podría tener en las filas opositoras, ya profundamente divididas.
El gobierno aprieta el nudo. Se arriesga a sanciones internacionales y al estallido social. La oposición tiene ante sí una encrucijada. Tomar la calle o impulsar un frente que aglutine a fuerzas sociales y políticas (incluidos sectores descontentos del chavismo) en una batalla por la defensa de la Constitución y del referéndum revocatorio.
Será como cruzar un desierto. Será además un movimiento disuasivo, una forma de asediar al gobierno y, particularmente, una interpelación al estamento militar, uno de los actores que, si bien ha jugado en cuadro político, lo ha hecho tras bambalinas y en un plano secundario.
¿Qué papel van a cumplir los militares si la protesta de la población las calles aumenta? ¿Se van a dividir, al igual que las fuerzas políticas del país? Lo preocupante no son las respuestas a estas preguntas, sino la forma tan casual con que se habla en Venezuela de una posible guerra civil.
Con una mayoría electoral, pero sin poder institucional que impulse el cambio político — el TSJ declaró a la Asamblea Nacional en desacato —, a la oposición no le queda otro recurso que tomar la calle. Al gobierno, sencillamente, profundizar la represión.
El poder del gobierno ha quedado al desnudo, o mejor dicho, vestido con uniforme militar. Es muy difícil, sino imposible, negociar con un interlocutor que controla la autoridad electoral y el tribunal supremo, pero además tiene tanques y fusiles. Construir un sólido frente político para presionar al gobierno con protestas, huelgas y manifestaciones no es una opción inmediata.
La oposición no ha podido convertir el descontento en acción política y la sociedad venezolana está exhausta. El asedio al gobierno desde distintos frentes, tal como ocurrió en Brasil o en Chile, va a tomar su tiempo. La transición será un camino mucho más adverso que el que posibilitaba el referéndum revocatorio y costará aún más sangre, sudor y lágrimas.
