Por Balbueno Medina
La corrupción es una cultura que heredamos los dominicanos a través de nuestros colonizadores, que se ha entronizado en mucha gente, a tal punto que no pudieran vivir sin ella, porque es su modo de vida.
En nuestro país, el fenómeno de la corrupción, no es propio del Estado dominicano, sino que también se encuentra latente en el sector privado, pero los casos en ese renglón se sienten menos porque se tapan por temor a desacreditar las empresas.
Es bien sabido que una empresa en la que se destape un acto de corrupción corre el peligro de que se vaya a la quiebra, porque pierde la confianza de sus clientes y del público en sentido general, debido a que los actos de corrupción se producen con la complicidad o la mirada indiferente de los principales ejecutivos de la misma.
Eso mismo ocurre en las instituciones del Estado, donde ciertos funcionarios crean estructuras mafiosas destinadas asaltar el patrimonio de las mismas en provecho particular, sin tomar en cuenta el daño que esa situación ocasiona a la sociedad.
El fenecido Joaquín Balaguer, fue quien dijo en una ocasión que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho, Sin embargo, sabiendo que en su gobierno había corrupción nunca tomo la iniciativa de someter a ninguno de sus funcionarios a la justicia, porque al tratarse de un mal generalizado tendría que hacerlo con todos.
Si a juzgar por los casos que conoce el país, podríamos decir que los actos de corrupción en el Estado dominicano, han estado presente en cada gestión de gobierno que hemos tenido, porque en los casos en que algunos funcionarios no han sido condenados por lo menos la percepción de la población así lo ha aceptado.
No podemos negar que la corrupción nos arropa por todas partes, cuando a pesar de contar con la Ley 41-08, de función pública que procura la eficientización de los servicios de la administración pública y la estabilidad del servidor público, todo aquel que es designado en un puesto directivo de las instituciones estatales, lo primero que hace es designar a sus corifeos en la parte que maneja los recursos de las mismas como forma de administrarlos a su antojo.
La falta de estabilidad y garantía del servidor público en las instituciones del Estado, es la principal motivación que encuentran los funcionarios del tren gubernamental para incurrir en actos de corrupción y convertirse en cómplices de quienes a menudo llegan a escalar grandes posiciones estatales y los conminan a realizar tareas que lesionan los interés del pueblo dominicano, sopena de recibir la peor sanción en caso de hacer lo contrario.
Combatir la corrupción en el Estado, nos convoca a tener que tomar la imperiosa decisión de robustecer la Ley de Función Pública y tener la curiosidad de escoger a funcionarios que no vean a las instituciones del gobierno central como un botín o la oportunidad de enriquecerse junto al conjunto de cómplices corruptos, como se ha venido dando en algunos casos en nuestro país.
Además, otra modalidad, que nos ayudara a corregir ese flagelo que amenaza en convertirse en un cáncer para la sociedad dominicana, sería dejar que la justicia actué con total autoridad e imparcialidad contra cualquier funcionario que cometa actos de corrupción, porque uno de los problemas mayores que confrontamos frente al combate de la misma es la impunidad que se da desde las esferas gubernamentales, debido a que cada gobierno tiene sus corruptos favoritos.
En definitiva, la corrupción existe y convivimos con ella, en cada estamento de la sociedad dominicana y la voluntad de combatirla tiene que ser una decisión de todos, gobernantes y gobernados, tratando de adoptar los correctivos que impidan que los que han depredado al Estado y en su afán de lucro han involucrado al sector privado, paguen por sus hechos porque han sido responsables de la miseria de la gran mayoría de nuestros ciudadanos.
