“Estamos hablando de una compañía que entregó una cantidad de dinero, que lo admitió públicamente, que sigue operando y le sigue pidiendo al Congreso financiamiento para la conclusión de dicha obra”, manifestó Raful,
SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- La diputada por la Circunscripción Uno del Distrito Nacional, Faride Raful, solicitó al Ministerio Público la suspensión del contrato que contempla la construcción de la Planta Termoeléctrica Punta Catalina luego de que el representante de Odebrecht S.A. en el país, Marcelo Hofke, confirmara que la empresa destinó fondos para el pago de sobornos a funcionarios del Estado Dominicano para que esa empresa resultara favorecida con la adjudicación de varias obras de infraestructura.
“Punta Catalina debe suspenderse porque estamos hablando de una compañía que entregó una cantidad de dinero, que lo admitió públicamente, que sigue operando y le sigue pidiendo al Congreso financiamiento para la conclusión de dicha obra”, manifestó Raful en una entrevista al programa Revista 110.
Luego de la rueda de prensa que ofreciera en la tarde de ayer el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, en la que se refirió a Ángel Rondón Rijo como la persona que habría recibido los 92 millones de dólares que la transnacional Odebrecht S.A. dispuso para el pago de sobornos, Raful indicó que el Ministerio Público tiene calidad y elementos para actuar y suspender el contrato vigente.
La dirigente perremeísta explicó que el caso Odebrecht es consecuencia directa de la ausencia de debate de las iniciativas legislativas. “Lo que se aprueba generalmente es lo que viene del Poder Ejecutivo, poco importa si es positivo, si es negativo, si hay falta de transparencia, si no hay auditoría. Los proyectos que emanan del Poder Ejecutivo no se discuten y se aprueban de manera mecánica. También, en el Congreso reina, y esto creo que es normal por el control que viene ejerciendo por tantos años un mismo partido, un cierto sistema de intolerancia hacia las voces disidentes”.
En ese sentido, Raful expuso que la mayoría de los proyectos de ley que someten congresistas de oposición que se aprueban o “pasan” son generalmente “inofensivos”, en alusión a que éstos no trastocan grandes intereses.