Por Ramón Mercedes
Nueva York.- Los esposos dominicanos Osiris Gómez y Victoria Brito demandarán la ciudad de Nueva York por la muerte de su hijo Erickson Gómez Brito, de 21 años, a manos de los policías de la Autoridad de Viviendas en Brooklyn, Jennifer García y Andris Bisogno.
Brito recibió nueve disparos, en noviembre 2016, en el complejo de vivienda pública Casas Van Dyke en la avenida Sutter, cerca de Mother Gaston Blvd, cuando los dos oficiales fueron informados de que en la novena planta había una persona sospechosa y al llegar le pidieron su identificación, pero la victima entabló una discusión.
Según el informe policial, luego el joven le agarró la macana al oficial masculino, golpeándolo a ambos en la cabeza. En eso los oficiales les dispararon. Brito fue declarado muerto en la escena y los agentes atendidos en un hospital por lesiones.
Un video que supuestamente captura la grieta de los disparos del incidente muestra una brecha significativa entre cada uno de los tiros de los agentes.
La demanda culpará a la policía por «no haber implementado un sistema apropiado para que los oficiales de despacho manejen situaciones que involucren a personas emocionalmente perturbadas y por no obtener atención médica apropiada e inmediata para Brito”, dijo Sanford Rubenstein, abogado de la familia.
«Queremos justicia por la muerte de mi hermano», dijo Omahis Gómez, de 19 años. La víctima sufría de depresión y estaba visitando una tía que reside en el edificio escena de la tragedia, dijo la familia.
“No fue un perro que mataron, mi hijo no estaba en drogas, pandillas ni delincuencia”, dijo la madre ahogada por el llanto.
El padre ha indicado que “darle nueve balazos a una persona y especialmente a su hijo que estaba desarmado, demuestra la falta de entrenamiento de los policías de Nueva York para lidiar con estos casos”, y en vez de usar la pistola eléctrica Taser o el bastón para dominarlo, prefirieron matarlo “porque en eso es que ellos están entrenados, en matar gentes”, sentenció.
Precisó que la muerte de su hijo, fue “injustificada” y que no tenía problemas con la ley.
