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LIMA, Perú — El expresidente peruano Alejandro Toledo se convirtió en un prófugo de la justicia al ser acusado de aceptar sobornos. En Colombia, los fiscales dicen que el equipo de campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos aceptó dinero de sobornos. Y los agentes de inteligencia de Venezuela detuvieron a periodistas y expertos que investigan las vinculaciones de los funcionarios gubernamentales con actos de corrupción.
El mayor escándalo de corrupción de América Latina está sacudiendo a las clases políticas del continente.
Todo esto conduce a Odebrecht, la constructora brasileña especializada en desarrollar grandes proyectos en toda la región. A fines del del año pasado, la empresa firmó acuerdos con los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza para pagar multas por hasta 4500 millones de dólares por haber infringido la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, a raíz de un esquema que implicó sobornos por 800 millones de dólares a cambio de lucrativos contratos.
Fue el mayor arreglo anticorrupción de la historia.
Los fiscales dijeron que la compañía pagó sobornos en 100 proyectos en más de una docena de países, de México a Angola; en un caso llegó a comprar una sucursal bancaria local para ocultar las transacciones, e incluso abrió una división dedicada exclusivamente a manejar pagos.
En toda América Latina la empresa desarrolló proyectos de puentes, represas, centrales eléctricas, carreteras y tramos viales para conectar países como Brasil y Perú, que superaron en más de cuatro veces los presupuestos originales. Casi tres años de investigaciones llevaron a que 77 ejecutivos brasileños de Odebrecht firmaran acuerdos con la justicia y a que el expresidente ejecutivo de la compañía, Marcelo Odebrecht, esté en prisión.
Ahora se están formulando cargos en toda la región.
“Una vez que comiencen a investigarse esos casos, será una caja de Pandora que podría durar años”, dijo Shannon O’Neil, analista del Consejo de Relaciones Exteriores. Sin embargo, lo calificó como un desarrollo positivo para la región porque muestra que “el movimiento anticorrupción en América Latina está ganando terreno”.
Tal vez el caso más espectacular hasta ahora sea el que involucra a Alejandro Toledo, quien fue presidente de Perú de 2001 a 2006, y es considerado como prófugo desde la semana pasada, cuando un juez emitió una orden de arresto por acusaciones de haber recibido sobornos por una suma de hasta 35 millones de dólares.
El domingo por la noche, Toledo publicó en Twitter una declaración donde aseguraba su inocencia y negaba que estuviera escondido.
“Nunca me he fugado de nada. Cuando salí del Perú, no había cargos de Odebrecht en mi contra, pero me llaman ‘fugitivo’”, escribió, sin aclarar su paradero. El actual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le ha pedido al presidente Trump que extradite a Toledo si lo encuentran en Estados Unidos.
En Lima es difícil obviar el legado de Odebrecht. Una réplica de la célebre estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro domina la costa de la ciudad y fue donada por la compañía.
Pero Odebrecht también ha cosechado los beneficios de sus conexiones con el país. La Carretera Interoceánica, por ejemplo, fue iniciada bajo la administración de Toledo y costó un total de 4500 millones de dólares, cuatro veces más que lo presupuestado. Las sumas adicionales fueron aprobadas por un funcionario que también está siendo investigado por los fiscales.
Bajo la administración de Ollanta Humala, el predecesor de Kuczynski, Odebrecht comenzó un gasoducto de gas natural de 7000 millones de dólares que aún no se ha concluido para conectar el Amazonas con la costa, cortando camino a través de los Andes. Otro expresidente, Alan García, supervisó la licitación de una línea de tren en Lima, que Odebrecht ganó y construyó.
Si Toledo es detenido y condenado, sería el segundo presidente peruano tras las rejas después de Alberto Fujimori, el exdictador del país que fue condenado por sus crímenes contra los derechos humanos.
“Para el Perú, como para cualquier otro país, la posibilidad de tener dos presidentes encarcelados es una vergüenza”, dijo Marisol Pérez Tello, la ministra de Justicia del país. Y añadió: “Creo que este es un momento importante para pensar en nuestra capacidad de institucionalizar la lucha contra la corrupción”.
Más al norte, en Colombia, los dirigentes están a la defensiva puesto que los fiscales han declarado que tienen pruebas de que Odebrecht donó un millón de dólares a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. En declaraciones a la prensa, el fiscal general del país dijo que un exlegislador llamado Otto Bula había canalizado dinero de Odebrecht a través de un intermediario de la campaña.
Bula actualmente está bajo arresto por haber pagado unos 4,6 millones de dólares en sobornos por varios proyectos en Colombia, incluyendo un camino que une el interior del país con el Río Magdalena y la carretera caribeña conocida como Ruta del Sol.
Santos ha dicho que él no hizo nada malo y ordenó una investigación completa del caso. Roberto Prieto, el gerente de la campaña de Santos, dijo en una declaración la semana pasada que no había compartido con Bula “ni siquiera un café”.
Los investigadores también están estudiando las relaciones entre las campañas de otros políticos, incluido Oscar Iván Zuluaga, quien fue el candidato presidencial de Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, en las elecciones de 2014.
Iván Garzón, investigador de la Universidad de La Sabana, dijo que Odebrecht había demostrado lo fácil que era secuestrar las elecciones del país para su propio beneficio. “Esto demuestra que los costos exorbitantes de campaña son tan altos que los candidatos están dispuestos a hacer un pacto con el diablo”, señaló.
En Venezuela, las autoridades parecen estar adoptando una estrategia distinta respecto de este tipo de revelaciones, como agredir a los extranjeros que tratan de investigarlos.
Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, fue uno de los principales patrocinadores de Odebrecht, empresa a la que otorgó 11 mil millones de dólares para diversos proyectos de infraestructura que incluyeron los complejos de viviendas públicas que respaldaron su revolución de inspiración socialista.
Pero muchos de los proyectos, desde puentes hasta edificios agrícolas, nunca fueron terminados.
El sábado pasado, dos investigadores de Transparencia Internacional y dos periodistas brasileños fueron arrestados por agentes de inteligencia venezolanos mientras contemplaban un puente sin terminar que Odebrecht debía construir sobre el Lago Maracaibo, uno de los mayores proyectos de la compañía.
Jesús Urbina, uno de los investigadores, dijo que fueron interrogados pero no les hicieron daño. Posteriormente, los periodistas brasileños fueron deportados.
Juan Guaidó, legislador de la oposición involucrado en la investigación de los sobornos, dijo que los servicios de inteligencia del país, controlados por el presidente Nicolás Maduro, temen por cualquier intento de documentar los proyectos inacabados.
“Creo que las imágenes de los proyectos como están ahora, sin nada terminado, los dejarían al desnudo”, dijo en referencia al gobierno.
*Ana Vanessa Herrero colaboró con este reportaje desde Caracas, Venezuela, y Susan Abad desde Bogotá, Colombia.
