Por Miguel Cruz Tejada
NUEVA YORK._ El padre dominicano Pedro J. Reynoso, condenado hace 23 años a dos cadenas perpetuas consecutivas por dos asesinatos perpetrados el 23 de julio de 1991 en calles de Filadelfia (Pensilvania), sigue manteniendo su inocencia y pidió la ayuda legal del gobierno de la República Dominicana para que las autoridades de su país, lo ayuden a esclarecer el caso y demostrar con las evidencias que asegura tener, que nunca estuvo en la escena de los crímenes.
Fue sentenciado en julio de 1996 y está confinado en la cárcel estatal de máxima seguridad Graterford (State Correctional Institution – Graterford) en Pensilvania en el condado Montgomery. Es una de las prisiones más antiguas de Estados Unidos y fue construida en 1929, un año antes de la Gran Depresión.
Reynoso, dice que es otra víctima inocente de las recurrentes manipulaciones de fiscales y testigos pocos creíbles, frecuentes en la época, especialmente contra latinos y otras minorías, contra cuyos acusados se manipulaba el sistema judicial, ha acudido también al auxilio de instituciones especializadas en conseguir la anulación de juicios dudosos y condenas injustas.
Reynoso, no es el primer dominicano que cae en esa situación en cárceles de Estados Unidos. En la más reciente historia, Fernando Bermúdez, logró una suma millonaria por haber estado casi 20 años en prisión, condenado también a cadena perpetua por un homicidio en Manhattan en los años noventas.
La organización Proyecto Inocencia (Innocence Project) tiene en sus manos el caso de Reynoso, que purga condena en la cárcel estatal en el condado Grateford en Pensilvania.
Su caso es el número CP-9405-0030 1-1 y desde hace más de dos décadas, el dominicano con varios hijos, enfrenta el trauma de haber sido condenado sin haber cometido ningún delito y el infierno que representan los barrotes.
En una carta enviada desde la cárcel a este reportero, Reynoso, dice que “hasta el día de hoy, estoy encarcelado por 23 años, cumpliendo unan sentencia de dos cadenas perpetuas por dos homicidios que ocurrieron en la ciudad de Filadelfia en fecha del 23 de julio de 1991”.
El reo dominicano sostiene que para el tiempo que ocurrió el crimen, se encontraba en la República Dominicana. “Yo fui inicialmente arrestado en el aeropuerto de la ciudad de Newark (Nueva Jersey) , donde no intenté pelear mi extradición porque yo era un hombre inocente y sabía que podía probar que me encontraba fuera del país para la fecha, cuando el crimen fue cometido”.
Reynoso explica que durante el juicio en julio de 1996, presentó una defensa de coartada en la cual presentó el testimonio de la señora Martha Almonte, quien testificó que ella viajó a la República Dominicana para la fecha en que ocurrió el crimen, junto a él, y el esposo de ella, el 13 de julio de 1991.
“Ella testificó que regresó a los Estados Unidos para el 2 de agosto, 1991. Almonte testificó que ella me conoce desde que yo era un niño y que yo me encontraba junto a ella para la fecha que ocurrió el crimen”, agrega Reynoso.
También obtuvo el testimonio del sacerdote Ramón Alejo de la Cruz, quien dijo a los jurados que había ejercido ministerio en el poblado de Pimentel (Provincia Duarte), desde 1990 hasta 1995 y asegurando que el 13 de julio de 1991 ambos se encontraron en el aeropuerto de San Juan (Puerto Rico), donde estaban en una escala y n tránsito a la República Dominicana, llegando al país caribeño en el mismo vuelo.
El cura testificó que Reynoso estuvo presente en el bautizo de su hijo Juan Alexander Reynoso, en la ceremonia efectuada el 27 de julio de 1991 y existen fotos de la actividad.
Reynoso, estuvo además en la oficina del abogado doctor Javier Bueno, un notario público en el poblado de Pimentel el 17 de julio de 1991, haciendo un acta de compra venta de una propiedad que le compró al señor Miguel Almonte.
Entre el 13 y el 30 de julio de 1991, Reynoso estuvo además haciendo todos los trámites para el traspaso de la licencia de una pistola a su nombre, que le fue aprobada el 7-30-91, con una certificación de la entonces Secretaría de Interior y Policía que mantiene en su poder y que fue recuestada a esa dependencia por el entonces cónsul en Filadelfia y presidente del PLD Wilson A. Díaz en 1997.
EL JUICIO
Durante el juicio, la fiscalía presentó dos testigos quienes admitieron al jurado que eran drogadictos.
Ambos tenían un largo prontuario criminal y casos criminales abiertos, pero negociaron sentencias benévolas para incriminar falsamente a Reynoso.
Diecisiete años después, esos testigos se retractaron de sus falsos testimonios y aseguraron que Reynoso, no fue el tirador que cometió los asesinatos, sino otra persona.
También dijeron que fueron presionados por detectives de homicidios del Departamento de Policía de Filadelfia, y fueron obligados a testificar contra Reynoso.
El padre dominicano dice que debido al flaco trabajo de su abogado, su apelación para que se anulara el juicio, fue rechazada.
El defensor de Reynoso tenía 60 días para presentar en apelación las evidencias que lo benefician, pero dejó pasar el período legal y la petición fue negada.
Adicionalmente, obtuvo los testimonios de una hermana y un primo de los muertos, quienes testificaron a su favor, quienes señalaron al asesino y diciendo que el matador los había amenazado por años con matarlos si hablaban en su contra.
Pero esos testimonios fueron presentados tarde.
APELACIÓN FEDERAL
Reynoso dijo que en este momento cursa otra apelación que sometió en la Corte Federal de Pensilvania y por suerte, cuenta con un abogado que después de analizar y evaluar los testimonios y las evidencias, está convencido de su inocencia.
“Mi abogado actual quiere ayudarme y ha puesto todo en manos de los jueces federales”, dijo Reynoso.
“Estamos trabajando y luchando paran que se haga una audiencia en la que se permita presentar todos los testigos y testimonios que no se presentaron en el proceso ni en mis apelaciones anteriores”, expresa Reynoso en la carta.
“Mi interés es llevar este caso a la opinión pública para tratar de obtener la atención de las autoridades dominicanas en este país, por ser ellos quienes tienen el deber de representar a sus ciudadanos en territorio extranjero”, dijo el recluso.
Reynoso añade en la misiva que las autoridades dominicanas también la obligación de investigar las evidencias que vienen de nuestro país y después de ser confirmadas, deben representarlas.
“Todas las evidencias ya mencionadas están disponibles, solo soy un ciudadano dominicano falsamente convicto (condenado) en territorio extranjero, que está buscando justicia”, concluye el padre dominicano.
