SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- Marcha Verde en la provincia Peravia exigió hoy la anulación inmediata del contrato firmado entre el Gobierno del presidente Danilo Medina y la Odebrecht para la construir las generadoras, así como la expulsión del territorio nacional de la multinacional mafiosa,
Después de recorrer en caravana los principales sectores de Baní y de trasladarse hasta la zona de Punta Catalina, los manifestantes proclamaron que las plantas pueden ser terminadas por una empresa que no sea delincuente como Odebrecht, y deben ser transformadas para que utilicen gas natural y no el altamente contaminante carbón mineral.
En el manifiesto de la actividad, el movimiento declaró nulo el acuerdo de cooperación entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, exigiendo que los ejecutivos de la empresa sean procesados penalmente, por considerar que a más de ocho meses de que admitiera el pago de más de 92 millones de dólares en sobornos, aseguran, el procurador Jean Alain es incapaz de presentar las pruebas convenidas, “con lo cual queda claro que el objetivo del acuerdo era ocultar las sobrevaluaciones que sirvieron de base a la financiación política ilegal y garantizar impunidad para la constructora y sus cómplices”.
“Objetamos la corrupción y la contaminación, no las plantas. Los grupos de Baní han sido los primeros en proponer desde el inicio de la construcción ilegal sin estudios ambientales del proyecto Punta Catalina, que el mismo fuera realizado a gas natural para disminuir los impactos contaminantes”, se indica en el documento.
Igualmente, la Marcha Verde Peravia declaró nulo el contrato de arrendamiento de los terrenos sobre los que se han levantado las plantas (ENFITEUSIS), por entender que es irregular y favorece a la familia Vicini, sin aclarar la participación de este grupo económico en la propiedad de las plantas. En el manifiesto se demanda que los terrenos se declaren de utilidad pública y que se investiguen las denuncias de que Vicini se apoderó de manera fraudulenta de la parcela 137 del Distrito Catastral no. 2 (DC-2) de Baní, donde hoy se construyen las generadoras, cuyos antiguos propietarios eran el señor Luis Octavio Castillo y sus herederos.
“Punta Catalina es el cuerpo del delito. Es el fango más grande del lodazal de la corrupción e impunidad, que embarran, degradan la convivencia en nuestra sociedad y oprimen las ansias de bienestar de nuestra población”, enfatiza la proclama.
Pacto Eléctrico
La Marcha Verde de la provincia Peravia considera nula la firma del Pacto Eléctrico si antes no se esclarece el inmenso cúmulo de irregularidades en el Proyecto Termoeléctrico de Punta Catalina.
El movimiento reclamó que Rubén Bichara y Danilo Medina expliquen al país por qué afirman que las plantas deben entrar en funcionamiento en diciembre del 2018, cuando el contrato (EPC) dice que debieron entrar entre agosto y octubre de este año, muy a pesar de que de manera ilegal se han utilizado más de 1,200 millones de dólares de los ahorros por la rebaja de los precios del petróleo.
De igual modo exigió que sean procesados penalmente y sin exclusiones todos los involucrados en las irregularidades de la adjudicación y construcción de las plantas.
“Reclamamos que sean investigados los funcionarios provinciales y locales que, como el senador Wilton Guerrero, y los alcaldes de Baní y Catalina, Chacho Landestoy y Juan (Caballón) Lugo, han sido señalados como repartidores de dinero de Odebrecht en la provincia, tanto para hacerse cómplices de las irregularidades del proyecto como la emisión de cartas de no objeción ilegales fuera de fecha, como para conseguir cargos electorales en las elecciones del 2016”, concluye el manifiesto.
