
En un comunicado, la organización de la sociedad civil reiteró que como documento constitutivo del orden pactado en la República Dominicana, la Constitución de 2015 presupone la voluntad soberana de la población y la buena fe de quienes la suscribieron y aprobaron.
“A falta de esa buena voluntad, sin embargo, la población estaría siendo engañada. Así como los pactos hay que observarlos (“Pacta sunt servanda”) y sería un acto inaceptable de inmoralidad firmar un contrato o un acuerdo con el disimulado propósito de violarlo y no cumplirlo, del mismo modo ningún ciudadano debe aceptar y asumir como bueno y válido que los mismos constituyentes de distintas bancadas y tendencias partidarias que libremente proclamaron el último contrato constitucional, al igual que los funcionarios que lo asumieron y juraron por ese acuerdo nacional, a los pocos días aparezcan fingiendo, consintiendo o queriendo modificarlo a conveniencia”, afirma.
La entidad aclaró que no es que no se pueda rectificar o aceptar que las realidades sociales cambian “y con ellas nosotros sino que, aprobar un texto constitucional para raudos y veloces iniciar los aprestos para reformarlo a conveniencia de ellos mismos, evidencia que se ha jurado en vano y con aviesas intenciones”.
Sin embargo, según el Centro Juan XXIII, un nuevo cambio constitucional que solo versa alrededor del tema de la repostulación del Ejecutivo no debe llamar a engaño. Ni siquiera, si pretende cobijarse en la larga tradición presidencialista dominicana inaugurada desde tiempos de Pedro Santana o disimular el fariseísmo político “ocultándolo en el formalismo leguleyo que solo procura obtener el número requerido de votos para modificar la Carta Magna, a expensas de la indispensable legitimidad democrática que se deriva de hacer lo que se dice y no de jurar una cosa mientras se conspira y disimula lo que hacen desde un inicio con el texto constitucional de 2015”.
En ese contexto, el Centro Juan XXIII concluye que no existe ningún fundamento político, económico, filosófico o ético que justifique reformar por segunda vez consecutiva la Constitución de la República con el único propósito de siempre, acomodarla a intereses particulares.
Precisó que tal pretensión evidencia el perjurio que se sigue de jurar en vano por Dios, por la Patria y por el respectivo honor de parte de aquellos que lo hacen sin temor cuantas veces ponen en entredicho su obligación de cumplir y hacer cumplir el orden constitucional presto a ser desconocido y burlado otra vez.












