SANTO DOMINGO, RD.- Los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo (FP) reclamaron esta mañana a la Junta Central Electoral (JCE) actuar de forma contundente frente a las amenazas y presiones de funcionarios del Gobierno contra empleados para que voten por los candidatos del oficialismo.
José Ignacio Paliza, presidente del PRM, y Bautista Rojas Gómez, de los principales dirigentes de la FP, coincidieron en que la Ley 15-19 de Régimen Electoral le otorga las herramientas a la Junta Central para que actúe contra los que intentan violentar el derecho de elegir de la ciudadanía.
“La Junta tiene que actuar, se le han dado las herramientas legales para que pueda hacerlo; en el marco de la nueva Ley de Régimen Electoral existen las suficientes garras para que la Junta Central pueda ejercer todo el poder y así hacer del proceso electoral más justo, transparente y democrático y así hacer que estas prácticas definitivamente puedan cesar”, manifestó el presidente del PRM.
Paliza dijo que “el país no necesita de más consejos y de grandes sugerencias, para eso cada familiar tiene un familiar con quien hablar, un psicólogo a quien visitar, hasta una iglesia para asistir, nosotros lo que necesitamos son entidades que actúen en el marco de la ley y que sometan a todo el mundo a la obediencia en el marco de la propia ley”.
En ese sentido indicó que cualquier persona, sin importar si es funcionario o un dirigente político de la oposición, tiene que ser sancionada si viola la Ley Electoral y que de una vez y por todas se pueda generar un antes y después en la democracia dominicana.
Bauta
Rojas Gómez dijo que no es solo en el Departamento Aeroportuario donde se quiere obligar a los empleados públicos a votar por los candidatos oficialistas.
En apoyo a su denuncia aseguró que todos los municipios del país se está persiguiendo a los empleados, advirtiendoles que si no votan por los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) perderán sus empleos a partir del próximo lunes.
“No es a mí a quien hay que preguntar, es a la Junta que es la institución que ya ha debido actuar contra los funcionarios que presionan a los empleados para que tengan que votar por los candidatos del PLD”, sostuvo el dirigente de la Fuerza del Pueblo.
“Yo nunca había visto algo así, una persecución tan grande contra los empleados estatales”, acotó.
Ley prohíbe
La Ley 15-19 de Régimen Electoral prevé prisión de uno a seis meses por el delito de coartar el derecho de elegir, amenazando o presionando a los empleados públicos o trabajadores.
Dicha normativa en los artículos 286 y 287 establece que tampoco se podrá amenazar con despedir ni rebajar el salario a los empleados que no votaren por el candidato por el que simpatiza dicho funcionario.
“Serán castigados con reclusión de un (1) mes a seis (6) meses y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público, los que teniendo a sus órdenes o a su servicio empleados, trabajadores y otros individuos con derecho de elegir, incurrieren en despedir o amenazar con despedir o imponer cualquiera de éstos una pena o rebaja de salario o de jornal, o de otra prestación que le sea debida, por ejercer o impedir libremente el derecho de votar”, establece el artículo 286 de la Ley 15-19 de Régimen Electoral.
De acuerdo a un vídeo que circula en las redes sociales, Marino Collante, director del Departamento Aeroportuario, advierte a los reformistas que trabajan en la institución que no cobrarán este mes si no votan por el candidato que apoya el Gobierno.
Reciben observadores
Esta mañana el pleno de la Junta Central Electoral recibió a los integrantes de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezados por el expresidente chileno Eduardo Frei.
Julio César Castaños Guzmán estuvo acompañado por los demás miembros del organismo electoral.
