Por Daniela Brik
Quito.- La justicia de Ecuador condenó este martes al expresidente ecuatoriano Rafael Correa a ocho años de prisión y la retirada de sus derechos políticos por el delito de cohecho, al considerar que dirigió una estructura de corrupción con la que se financió ilegalmente su partido a cambio de contratos con el Estado.
De acuerdo al tribunal de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia en Quito, ha quedado probada la financiación ilegal del partido izquierdista Alianza País por parte de empresarios, y que se reportaba a un “nivel jerárquico superior”, en que figuraron tanto Correa, como el exvicepresidente y estrecho colaborador Jorge Glas, en prisión por otro caso.
CORREA A LA CABEZA DE LA “ESTRUCTURA DE CORRUPCIÓN”
El dictamen mencionó la existencia, entre 2012 y 2016, de una “estructura de corrupción” en contratos con las empresas que financiaron al movimiento izquierdista liderado por Correa, a cambio de adjudicaciones de obras públicas.
Por ellas, los sobornos habrían ascendido a 7,5 millones de dólares en efectivo, cantidad a la que se llegó mediante el cruce de facturas y, una parte, en metálico.
Tanto Correa como Glas han sido condenados como autores mediatos de cohecho en la misma causa, iniciada este año después que una investigación periodística en 2019 apuntara irregularidades en la adjudicación de contratos bajo el Gobierno de Correa (2007-2017) a un entramado de empresas, entre ellas la brasileña Odebrecht.
La mayor parte de la veintena de imputados en la misma causa fueron declarados autores directos o coautores del mismo, y en este último apartado están la exministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte y el exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, todos con similar condena.
Para la exasesora presidencial Pamela Martínez, quien luego fuera designada vicepresidenta de la Corte Constitucional, y su secretaria Laura Terán, la única considera cómplice del delito, se dictaminó una reducción de la pena en un 90 por ciento o más, tras haber actuado como testigos de cargo y cooperado con la justicia en el esclarecimiento de los hechos.
El dictamen mencionó que de las actividades realizadas por la estructura se derivan otros delitos como lavado de activos y peculado, y que el Estado es la principal víctima de los hechos ilícitos. También se analizarán los peritajes para determinar el monto de la reparación.
ACUSADOS DEBERÁN PAGAR REPARACIONES
El exmandatario enfrenta asimismo el pago de una multa por daños y perjuicios, además de una reparación integral que incluye la colocación de una placa en el Edificio de la Presidencia de la República pidiendo disculpas a la ciudadanía.
En las audiencias previas a inicios de marzo, la fiscal general, Diana Salazar, acusó al exmandatario de haber dado las órdenes para que se cometiera el delito sin necesidad de participar directamente- “Todo estaba organizado desde arriba”, dijo.
Y consideró necesario el pago de una compensación económica de 1.130 millones de dólares, el valor global de cada uno de los contratos que se colocaron dentro de esta trama de corrupción.
Con todo, la sentencia aún pude “ratificarse o no en segunda instancia”, de acuerdo a expertos legales, que precisaron que aún no es firme y puede ser apelada por los condenados.
De ser declarado culpable en firme, el expresidente -que reside en Bélgica y tiene más de una docena de causas abiertas en distintas fases- perdería la opción de presentarse a los comicios de 2021, en los que podría concurrir como candidato a vicepresidente o asambleísta, lo que contemplaría el derecho a la inmunidad.
CORREA DENUNCIA “JUDICIALIZACIÓN” DE LA POLÍTICA
Prófugo de la justicia por esta y otra causa en la que es acusado del secuestro de un opositor en Colombia en 2012, tras conocer su condena Correa denunció hoy a Efe la supuesta “judicialización de la política” en su país.
“Están desesperados para cumplir con los tiempos e inhabilitarme para las próximas elecciones porque saben que si yo puedo regresar les ganamos las elecciones, y ampliamente”, arremetió Correa, quien criticó la “urgencia” del fallo del tribunal penal en plena crisis por la pandemia de coronavirus.
El exsecretario jurídico presidencial, Alexis Mera, quien anunció que apelará el dictamen judicial, criticó por su parte que esté “lleno de mentiras” y que “los jueces penales tienen que obedecer órdenes».
Por su parte, el activista político Fernando Balda, cuyo caso de secuestro -que no puede juzgarse en ausencia del acusado- mantiene a Correa prófugo, consideró al expresidente un “cadáver político».
“Reducido a su escondite en un ático, el prófugo de la justicia ahora es también un convicto y por ende un cadáver político. No podrá ser candidato a nada”, aseguró en las redes.
