La comunicación de la JCE no desmiente las cantidades ni que el Bootcamp se celebró entre el 14 y el 24 de julio
SANTO DOMINGO, RD.- La Junta Central Electoral ha remitido a Diario Libre una extensa comunicación para responder a las informaciones y comentarios publicados sobre los viajes al exterior de algunos de sus miembros. La carta contiene explicaciones atendibles sobre las responsabilidades internacionales de la institución y la importancia de la ciberseguridad, pero deja sin contestar el aspecto esencial de lo publicado: los números.
La JCE sostiene que la participación de Hirayda Fernández y Samir Chami Isa en el Cybersecurity Summer Bootcamp 2025, celebrado en León, España, no constituyó «turismo institucional». La pregunta nunca ha sido si la ciberseguridad importa. La pregunta es cuánto costó esa capacitación, cuánto duró y si existe proporcionalidad entre el gasto realizado y el servicio recibido.
Los magistrados viajaron del 12 al 26 de julio de 2025. Cada uno recibió 12,000 dólares en viáticos, a razón de 800 dólares diarios durante 15 días. Los boletos costaron 4,649.74 dólares para Fernández y 4,644.53 dólares para Chami Isa. En conjunto, 33,294.27 dólares entre pasajes y viáticos.
La comunicación de la JCE no desmiente esas cantidades. Tampoco desmiente que el Bootcamp se celebró entre el 14 y el 24 de julio ni las aproximadamente 40 horas de docencia que comprendió el programa. La institución dice que «puede explicar y documentar el itinerario, la duración de la actividad, los desplazamientos y las razones administrativas correspondientes».
Sería conveniente que lo hiciera. Porque la documentación, y no una discusión sobre adjetivos, permitiría responder una pregunta elemental: ¿qué actividades institucionales justificaron cada uno de los 15 días por los cuales se pagaron viáticos?
La propia normativa disponible en el portal de la JCE añade relevancia a esa pregunta. El reglamento que rige la Relación Laboral de Funcionarios y Empleados considera falta de tercer grado cobrar viáticos, dietas, gastos de representación u otras compensaciones «por servicios no realizados, o por un lapso mayor al realmente utilizado en la realización del servicio».
Citar esa disposición no significa atribuir a Fernández o Chami una infracción. Antes habría que determinar incluso su aplicabilidad específica a miembros titulares del Pleno. Significa algo mucho más sencillo: que la propia normativa institucional reconoce como principio que el período cubierto por un viático debe guardar relación con el tiempo utilizado para cumplir la misión.
La Ley 41-08 de Función Pública contiene una previsión semejante respecto del cobro de viáticos y otras compensaciones por servicios no realizados o por períodos superiores al efectivamente utilizado. También en este caso corresponde precisar jurídicamente su ámbito de aplicación respecto de los miembros de un órgano constitucional autónomo antes de extraer conclusiones individuales.
Pero el principio de administración pública resulta difícil de discutir: los recursos públicos deben corresponderse con servicios públicos efectivamente prestados.
La JCE introduce otro elemento que merece aclaración. Afirma que los viáticos cuestionados se encuentran establecidos desde 2005 mediante el Acta 18/2005 y que no fueron creados ni modificados para estas misiones.
Otra discusión
Ese argumento, lejos de cerrar la discusión, abre otra. Diario Libre no ha podido localizar públicamente esa acta en los repositorios consultados. Por tanto, sería útil que la JCE la hiciera pública íntegramente, junto con la tabla de viáticos correspondiente y sus eventuales modificaciones posteriores.
Solo entonces podrá conocerse qué estableció realmente el Acta 18/2005: si fijó 800 dólares diarios para miembros titulares, si estableció categorías o escalas posteriormente actualizadas y, sobre todo, qué conceptos cubre esa suma. ¿Incluye alojamiento? ¿Alimentación? ¿Transporte interno? ¿Gastos incidentales? ¿Existe obligación de liquidar lo recibido y devolver lo no utilizado?
La JCE cuestiona la comparación con los viáticos establecidos por instituciones de Estados Unidos, la Unión Europea o España porque los conceptos cubiertos pueden ser diferentes. La observación es válida. Precisamente por eso corresponde conocer qué comprenden los 800 dólares diarios pagados por la JCE.
La institución dedica además parte de su comunicación a explicar otros viajes de sus miembros. Señala que Fernández coordina los trabajos del voto dominicano en el exterior y que 11 de sus desplazamientos estuvieron relacionados con esas responsabilidades. Recuerda también la existencia de una amplia estructura electoral internacional y sostiene que no resulta correcto juzgar una misión preparatoria únicamente por los 37,079 dominicanos que finalmente votaron cuando en los países correspondientes había 149,436 inscritos.
Es un argumento razonable. Las elecciones deben organizarse para todos los inscritos, no solamente para quienes finalmente acuden a votar. Pero necesidad y eficiencia no son sinónimos. Una misión puede ser necesaria y su costo merecer escrutinio. Una capacitación puede ser útil y resultar legítimo preguntar por su precio.
Explicar cada peso
La JCE termina su comunicación con una afirmación que Diario Libre hace suya: «Cada peso utilizado debe poder explicarse, cada viaje debe responder a una finalidad institucional, cada viático debe estar sustentado y cada misión debe poder demostrar sus resultados«.
Exactamente. Por eso la discusión no necesita girar alrededor de El Corte Inglés, restaurantes de moda o buen vino. Esas referencias pertenecen a la ironía de una columna de opinión personal de nuestro director fundador, Aníbal de Castro, y no alteran un solo comprobante.
Lo que corresponde ahora es publicar el Acta 18/2005, explicar qué cubren los 800 dólares diarios, identificar las actividades realizadas durante los 15 días pagados y mostrar los resultados concretos de la misión.
La JCE afirma que puede documentarlo. Diario Libre, y los contribuyentes que pagaron la cuenta, tienen derecho a conocer esa documentación. Y saber por qué los miembros de la JCE viajan en clase ejecutiva y los ministros, en económica.
