POR RAMON JIMENREZ CANELA
La reciente imposición de aranceles por parte de la administración Trump a productos de República Dominicana y Centroamérica ha derribado la última fachada del DR-CAFTA. Lo que algunos llamaron «oportunidad», la historia y la economía revelan como un acto de subordinación estratégica. No es un acuerdo entre pares; es el pacto entre el huevo y la piedra.
Durante más de dos décadas, el discurso oficial nos vendió la idea de que el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA) era una autopista hacia el desarrollo. Sin embargo, el tiempo, y las decisiones unilaterales de Washington han desnudado su verdadera naturaleza: un instrumento de dependencia, donde la metrópoli imperial dicta las reglas y los países conquistados asumen los costos. La administración estadounidense de Donald Trump impuso un arancel adicional del 12.5 % a los productos procedentes de la República Dominicana y de países centroamericanos como Costa Rica y Panamá.
La analogía no es menor. Firmar un acuerdo comercial entre la economía más poderosa del planeta y naciones en desarrollo es como poner en la misma balanza un huevo y una piedra. La asimetría es tan brutal que, lejos de «competir», lo que ha ocurrido es una sustitución sistemática de la producción local. Nuestros campos, antaño motores de abastecimiento interno, han sido reemplazados por granos y materias primas masivamente subsidiadas por el gobierno estadounidense. El resultado es un agro centroamericano y caribeño menguante, que no desaparece por milagro de la resistencia campesina, pero que sobrevive en condiciones de extrema vulnerabilidad. El déficit comercial de la producción nacional con EE. UU. se eleva por encima de los US$12,000 millones de dólares al año.
Esta dinámica no es un efecto colateral; es la esencia del modelo. Al desaparecer la capacidad productiva interna, se teje una dependencia perversa: necesitamos que EE. UU. nos venda lo que ya no producimos. Y la dependencia no es solo comercial, es política y geopolítica. Nos ata a las decisiones de una administración que, como hemos visto, no duda en usar su poderío como arma de coerción.
Y aquí surge la pregunta sobre el Acuerdo libre que ningún tratado responde en su preámbulo:
¿Libre de qué?
¿Libre de la capacidad de nuestros Estados para regular su propia economía? ¿Libre de proteger al pequeño agricultor frente a las gigantescas corporaciones agroindustriales? ¿O acaso es «libre» para que las trasnacionales demanden a los países en tribunales arbitrales cuando estos intenten legislar en favor de su pueblo? La experiencia demuestra que la «libertad» es un privilegio de las grandes potencias. Para nosotros, el acuerdo ha significado una camisa de fuerza que limita nuestras políticas públicas.
Si alguien aún dudaba de que este tratado se firma sin «buena fe», la reciente imposición de aranceles por parte de Donald Trump debería disipar cualquier esperanza. El mandatario estadounidense aplicó aranceles a productos emblemáticos como el banano, que ni siquiera se cultivan en su país, en una muestra descarnada de que el proteccionismo unilateral está por encima de cualquier página firmada. Este acto no es una anomalía; es la confirmación de que el DR-CAFTA es un acuerdo de palabra, no de ley, que la potencia hegemónica puede violar, modificar o ignorar cuando sus intereses políticos internos lo exijan.
La reciente decisión de República Dominicana de establecer aranceles del 99% al arroz importado que exceda la cuota acordada es la prueba del reverso de la moneda. Al finalizar el período de gracia de 20 años, el país ha tenido que recurrir a una medida defensiva desesperada para evitar el colapso total de sus productores locales. Paradójicamente, lo que el tratado vende como «libre mercado» para nosotros, resulta ser un «mercado intervenido» para ellos; bajo ese contexto, proteger lo nuestro es castigado por la metrópoli, pero es celebrado como «derecho» cuando lo hace Washington.
El DR-CAFTA no es un pacto de desarrollo; es un mecanismo de control. Es el espejismo de la libertad en un océano de asimetrías. Mientras sigamos creyendo que el libre comercio es posible entre desiguales, seguiremos siendo el huevo que se estrella contra la piedra. La soberanía alimentaria y la industrialización regional no se negocian; se defienden. Y la primera trinchera de esa defensa es llamar a las cosas por su nombre: esto no es libre comercio, es dependencia administrada.
