MEXICO.- La Ley General de Víctimas tardó en llegar, pero es ya una realidad en México y ahora las preocupaciones están en cómo hacer justicia a los asesinados y que los desaparecidos regresen a casa.
El dictamen es una respuesta del gobierno, hasta ahora sordo a los reclamos de un pueblo lastimado por la violencia y expuesto cada día a una alarmante inseguridad ante el alza del crimen organizado.
También la nueva ley, en vigor a partir del 8 de febrero próximo, supone poner freno a la impunidad presente en el 98 por ciento de los delitos.
Ese cuerpo legal fue aprobado por el Senado mexicano a finales de abril de 2012, y ratificado por la Cámara de Diputados cuatro días después, pero el expresidente Felipe Calderón lo vetó e interpuso una controversia ante la Suprema Corte de Justicia, desestimada en diciembre último por el presiente Enrique Peña Nieto.
Una nación que se respete no puede aceptar desconocer dónde están más de 20 mil de sus hijos y otros tantos echados sin identificar a una fosa común, comentó al respecto el poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). La promulgación del nuevo cuerpo legal responde a una de las 13 decisiones presidenciales anunciadas el 1 de diciembre por Peña Nieto y obedece también a un compromiso ético asumido por el gobierno con el MPJD, fundado por Sicilia.
Los 189 artículos y 15 transitorios del código de víctimas conceden derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de daños con asistencia jurídica, médica o económica, según corresponda.
Su espíritu es avanzar hacia una sociedad de derechos, de pleno respeto a la integridad del ser humano, sensible y solidaria ante el dolor de un semejante, definida así por Peña Nieto en el acto de publicación de la Ley.
Empero, solo quedará saldada esa deuda de dolor y muerte si ese ordenamiento no seconvierte en letra muerta; cuando los mexicanos constaten la existencia de medidas efectivas de acceso a la justicia, a la verdad y haya un real regreso a la paz y respeto a los derechos humanos, e incluso de niños y niñas, las víctimas más dolorosas, acorde con opiniones emitidas aquí en torno al tema.
No se trata solo de restañar daños. Más importante aún es evitar las repeticiones, actuar sobre las causas, que en buena medida apuntan al tráfico ilegal de drogas hacia Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo, al lavado de dinero y al trasiego de armas por la frontera con el vecino del norte, y buscar formas más eficaces de lucha contra el crimen organizado.
Salvar la ley de perecer en el intento precisa, además, según algunos entendidos, del respaldo de un mando policial único, con capacidad en los tres niveles de gobierno y que disponga del presupuesto necesario para poder actuar.
Si bien existe cierta incertidumbre por la falta de condiciones para responder a la grandeza humana de la ley, el apoyo de los mexicanos es apreciable, asumida con optimismo, porque al fin tienen cierto respaldo.
Ella es el resultado de un esfuerzo colectivo de víctimas, sociedad civil, academia y el poder Legislativo ante una emergencia nacional provocada, en buena medida, por la llamada guerra contra la delincuencia organizada, desatada desde 2006 por Calderón, que acrecentó la inseguridad y la violencia.
En el último sexenio fueron asesinadas más de 80 mil personas, hubo más de 25 mil desapariciones forzadas y crecieron por encima del 500 por ciento los casos de torturas, frente a una impunidad mayor al 98 por ciento del total de los delitos, acorde con registros de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Otras muchas opiniones definen que si la ley demoró en llegar, el desafío ahora está en convertir en política de Estado desarraigar la violencia, el crimen organizado y el irrespeto a la vida ajena.
