Por ARISMENDI DIAZ SANTANA
En mi libro “Cómo se diseñó y concertó la Ley de Seguridad Social” señalo que las pensiones constituyen, gobiernos tras gobiernos, una de las principales fuentes de injusticia y desigualdad social. Además, que pensionado es sinónimo de pobreza e indigencia. Poco ha cambiado, a pesar del crecimiento económico durante las últimas cuatro décadas.
Los más olvidados han sido decenas de miles de obreros y empleados de bajos salarios, quienes durante décadas cotizaron al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), muchos “muriendo en vida esperando su pensión”. Además, miles de servidores públicos que esperan que algún político los ayude a superar todas las trabas, exigencias y trámites para aliviar su agonía, olvido y soledad.
En cambio, los gobiernos de turno se muestran muy complacientes con artistas y deportistas de clase media, a quienes se les asignan pensiones sin haber trabajado ni cotizado para el Estado, y sin pasar por la incertidumbre de una larga espera. Estos afortunados perciben ingresos entre 25,000 y 70,000 pesos, mientras el 98% de los jubilados y pensionados, sólo cobran una pensión mínima de RD$5,117.50 después de muchas luchas.
En pocas palabras, los no cotizantes terminan recibiendo, sin exigencias ni trámites engorrosos, entre cuatro y diez veces más que quienes realmente cotizaron. Todas estas injusticias han sido estudiadas y documentadas por fundaciones y entidades de la sociedad civil, sin que ningún gobierno se haya dado por aludido.
Pensiones privilegiadas a la medida con recursos públicos
En realidad, el olvido oficial solo ha sido para los de abajo. La mayoría de las instituciones autónomas y descentralizadas disfrutan de planes de retiro con escandalosos privilegios, a costa del presupuesto nacional. Tales son los casos del Congreso Nacional, del Poder Judicial, de la Junta Central Electoral (JCE), de la Cámara de Cuentas y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), entre otras.
Mientras, muchos de esos planes, los altos funcionarios se retiran con el 100% de su salario si agotan cuatro períodos (16 años), los demás funcionarios y empleados de la misma institución nunca llegan a alcanzar este umbral, aunque laboren durante 30 años. El cónyuge del alto funcionario fallecido disfruta hasta del 100% de la pensión, en tanto que a las demás viudas sólo les toca entre un 40% y un 60%.
Estas injusticias violan principios básicos de la Ley 87-01, situación irregular que ha sido reconocida por el Superintendente de Pensiones, Arq. Joaquín Gerónimo. Ante denuncias y escándalos el Presidente Medina prohibió el uso de fondos del Estado para planes y fondos de pensiones complementarios. Este es un paso de avance, entre otros necesarios, para reducir las desigualdades e injusticias sociales del país.
