Concejal dominicano en Paterson Rigo Rodríguez y esposa acusados de fraude electoral y conspiración

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El concejal dominicano Ridgo Rodríguez de Paterson (New Jersey) y su esposa Lisette Rodríguez en fotos de ficha policial de la Fiscalía Estatal. La pareja está acusada de siete cargos por fraude electoral, conspiración y manipulación de testigos.
El concejal dominicano Ridgo Rodríguez de Paterson (New Jersey) y su esposa Lisette Rodríguez en fotos de ficha policial de la Fiscalía Estatal. La pareja está acusada de siete cargos por fraude electoral, conspiración y manipulación de testigos.

Por Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ La turbulenta carrera política, salpicada de numerosos escándalos del joven concejal dominicano de Paterson en New Jersey y quien aspiraba a la alcaldía de esa ciudad, Rigo Rodríguez, llegó a su fin ayer jueves cuando un Gran Jurado de la Corte Criminal en el condado Passaic, lo acusó junto a su esposa de conspiración para cometer fraude electoral.

El Gran Jurado, necesita el 80% de las evidencias y varios testigos para instrumentar acusaciones en el sistema judicial de Estados Unidos, por lo que es seguro que si Rodríguez, no se declara culpable y va a un juicio, podría salir muy perjudicado con la decisión del jurado.

Rodríguez y su esposa Lisette Rodríguez, son acusados por el Gran Jurado de manipular por correo los votos que él ganó en las últimas elecciones municipales de Paterson, sólo después que se hiciera un recuento, que incluyó una caja de votos revisada en la Junta de Elecciones del condado Passaic. El concejal y su esposa enfrenta siete cargos relacionados con el delito.

El activista Wilson Antonio Torres, también dominicano es acusado de participar en el fraude electoral y fue declarado prófugo desde hace varios años al no presentarse todavía ante los investigadores ni la corte.

Esos votos, se dieron al margen de la victoria.

Los esposos Rodríguez, también están acusados de de entrenar a testigos, luego que las autoridades comenzaran las investigadores.

Otros 13 acusados que fueron detenidos en diciembre del 2010, están en libertad bajo palabra, como consecuencia de los cargos enfrentados.

El concejal dominicano, de 41 años de edad, dijo que le daba la «bienvenida» a la acusación como una oportunidad para limpiar su nombre y que continuará su campaña a plena capacidad a la alcaldía de Paterson.

«Estoy deseando que llegue mi día en la corte, para que allí el pueblo conozca la verdad», expresó Rodríguez al responder las acusaciones del Gran Jurado.

Rodríguez, propietario de una tienda de repuestos para vehículos situada en la calle Grand de Paterson, ha enfrentado en el pasado otras acusaciones por morosidad y una diversidad de violaciones civiles, como infringir las leyes de tránsito y no cumplir a los suplidores de sus negocios.

«Este tipo de campaña en mi contra, ha sido persistente durante años», expresó el concejal. «No creo que la acusación en mi contra vaya a disuadir a mis seguidores de que voten por mí para la alcaldía de Paterson», reaccionó a una pregunta.

«La gente que me conoce, sabe que voy» y dijo que aún con esas acusaciones en su contra, ha recaudado más de $18.000 dólares para su campaña electoral.

Empero, reconoció que sus rivales en la elección municipal de mayo próximo, usarían las acusaciones en su contra.

El concejal y su esposa, ella de 34 años de edad, se enfrenta a varios cargos de conspiración, fraude electoral, fraude electoral usando el correo federal, falsificación de documentos y manipulación de testigos.

El Procurador General Estatal interino de New Jersey, dijo en un comunicado que «la capacidad de los ciudadanos para que sus votos sean contados, es uno de los derechos más sagrados de los estadounidenses y cualquiera que intente manipular o robarles la voluntad, como se alega aquí, debe enfrentar un juicio criminal».

El funcionario judicial añadió que «tenemos que garantizar la integridad de las elecciones en New Jersey».

«Rigo Rodríguez, tomó juramento como concejal de la ciudad, comprometiéndose a defender la ley, pero se alega que traicionó la confianza pública en su esfuerzo por conservar su puesto en el Consejo Municipal.», dijo por su parte el Director de la División de Justicia Criminal del Estado, Elie Honig.

«Es muy preocupante que un funcionario de la ciudad, pueda interferir deliberadamente con una investigación del estado y entrenar testigos para que mientan a la justicia, como alegamos», añadió Honig.

El expediente dice que el concejal dominicano conspiró para usar a los activistas de su campaña, actuaran ilegalmente como «mensajeros» y «portadores» para aplicaciones de votos por correo con boletas de ausentes a pesar de que no habían sido designados por los electores para actuar en esos roles.

Los fiscales dicen que los activistas de Rodríguez, presentaron votos a gente que nunca recibió las papeletas por correo, completaron las aplicaciones o los autorizaron.

La fiscalía sostiene que como parte del esquema, los voluntarios de la campaña del concejal dominicano, pedían a los votantes ausentes completar las solicitudes, pero les pedían que dejaran en blanco la línea en la que debía aparecer el nombre del mensajero.

Los activistas de Rodríguez, entregaban las papeletas en el comando de campaña y en cuyos formularios aparecieron luego los nombres de los supuestos «mensajeros».

Los activistas iban a la Junta de Elecciones a recoger las boletas, pero en lugar de entregarlas directamente a los votantes, como exige la ley, las llevaban de regreso a la sede de la campaña de Rodríguez, añade el comunicado de la fiscalía.

Posteriormente, esas papeletas, dice la acusación, fueron llenadas fraudulentamente y en algunos casos, nunca fueron entregadas a sus destinatarios.

Los fiscales alegan que después que el concejal dominicano, se enteró de la investigación, él y su esposa entrenaron a los activistas y falsos «mensajeros» a cómo responder las preguntas de los investigadores.

Instruyeron también a los activistas de la campaña de Rodríguez a no responder preguntas específicas y dar información falsa a la policía estatal.

Los fiscales adjuntos Cynthia Vázquez y Vincent J. Militello de la División de Justicia Criminal del Estado de New Jersey, presentaron el caso ante el Gran Jurado.