Por Carlos R. Altuna Tezanos
“NO BASTA DECIR SOLAMENTE LA VERDAD, MAS CONVIENE MOSTRAR LA CAUSA DE LA FALSEDAD”
Ahora es de público conocimiento el expediente número TC-05-2012-0077 relativo a un recurso de revisión constitucional en materia de amparo iniciado por la señora Juliana Dequis o Deguis Pierre, contra la Sentencia número 473/2012 dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, en fecha 10 de julio del 2012, que dio origen a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
A partir de esta histórica sentencia, el país fue sometido a una despiadada campaña malsana de intereses locales y amigos internacionales, donde se nos acusó de xenófobos, racistas, esclavistas, llegando hasta señalarnos como el “Aparteid del Caribe” en una perversa comparación a la cruenta segregación racial vivida en Sudáfrica en el pasado reciente, donde una minoría blanca se impuso y gobernó desde 1948 hasta 1994, con manos férreas, dejando una secuela de sucesos donde verdaderamente se violentaron todo tipo de derechos inalienables al ser humano.
Ante estos hechos, y reaccionando frente a una especie de encerrona durante la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el escenario descrito sirvió para que nuestro presidente Danilo Medina pronunciase un discurso histórico, aclarando y fijando de una vez por todas, la postura del Estado con relación al estatus migratorio de cientos de miles de haitianos e inmigrantes de 60 nacionalidades que conviven junto a nosotros, de manera libre, con las mismas oportunidades, pero también con las penurias y precariedades que tienen los dominicanos.
Aproximadamente cuatro meses después, nuestros legisladores aprueban y someten ante el ejecutivo nacional para su promulgación una Ley, en la cual se establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización, la Ley 169-14 o Ley Deguis.
Pero después de la aprobación del “Reglamento de Aplicación de la Ley Deguis” y sus consecuentes debates, todo ha ido transcurriendo como la antigua Roma, en donde para evitar las protestas, invitaban a todos a funciones circenses y fiestas, luego reinaba la paz, pues satisfecho el pueblo, la clase gobernante disfrutaba tranquila del poder. De esos hechos dice la tradición que nació la célebre frase ¡Pan y Circo! A propósito de esta comparación, en esta tragicomedia vemos como justamente en un periodo de un mes, el gobierno recibe tres visitantes distinguidos, uno tras otro, el 20 junio 2014, Joe Biden (Vicepresidente EE.UU); el 15 julio, Ban Ki-moon (Secretario General ONU) y el 20 julio, Herman Van Rompuy (Presidente del Consejo Europeo), evidentemente como parte del guión impuesto y la presión internacional.
Durante su visita, el vicepresidente Joe Biden, felicitó al presidente Danilo Medina por la prontitud con la que se aprobó en el Congreso la Ley de Naturalización, mientras la “Ley Migratoria” sometida por el presidente Barack Obama tiene más de cinco años estancada en el congreso norteamericano.
En la segunda visita, Ban Ki-moon, calificó como positiva la política de regularización de inmigrantes asumida por República Dominicana, y planteó que por “la gran masa que viene de Haití”, es esencial que los dos gobiernos cooperen para proporcionar la “identificación nacional para aquellos haitianos que viven y trabajan en República Dominicana”.
Sin ser menos importante, y conservando el orden de llegada al país, Herman Van Rompuy saludó los “esfuerzos” del presidente Danilo Medina para encontrar un consenso sobre la ley especial que regula el estatus de las personas de origen extranjero nacidas en territorio nacional, expresando su respaldo al diálogo de Alto Nivel emprendido por República Dominicana y Haití como la vía para dirimir sus problemas.
Visto todo este escenario, la ejecución de la Ley 169-14 y su polémico “Reglamento de Aplicación” parecen marchar bien con respecto a los ciudadanos extranjeros que acuden a los centros de regularización excepto los inmigrantes haitianos, quienes confrontan inconvenientes por partes de sus autoridades para conseguir sus documentos por las altas sumas de dinero que les cobran, una queja generalizada en el conglomerado haitiano residente en el país.
Ante las últimas protestas escenificadas por trabajadores haitianos del área cañera, su embajador ante en el país, Fritz Cineas, comunicó que resultaba difícil a su gobierno complacer la petición de exonerarlos del pago de los mil pesos para la obtención de los documentos que se necesitan para regular su estatus en el país.
Cineas también instó al gobierno dominicano a flexibilizar los criterios para la obtención de los documentos durante el proceso de regularización. En tal sentido, el coordinador nacional de la Unión de Trabajadores Cañeros de los Bateyes, Jesús Núñez, afirmó que unos 40 mil trabajadores cañeros de origen haitiano no podrán acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que desarrolla gratuitamente el Gobierno dominicano.
Por su parte, en declaraciones públicas, el presidente del Consejo Nacional de Migración, José Ramón Fadul, reveló que 90% de las personas que se han acogido al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros quedaron en la categoría migratoria de “No Residentes”, porque la mayoría no han podido demostrar su arraigo en República Dominicana, señalando también que se ha concluido con la depuración de 260 expedientes de un total de 59 mil 600 personas, a las que se les han capturado las huellas biométricas dentro del Plan, como también solo 460 personas se han acogido a la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el país inscritas irregularmente y sobre naturalización, puesta en marcha hace un mes y medio. La mayoría ha cumplido con los requisitos establecidos de conseguir los papeles del padre o la madre”.
Como parte del mismo “guión”, vemos como a tan solo ocho días de ocurrir el terremoto que asoló la capital haitiana en enero de 2010, en el país se instala una sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), sin existir razón que lo justifique, porque en República Dominicana no hay refugiados. Cuatro años después, su representante, señor Gonzalo Vargas Llosa, declara que llevará a un foro internacional en Holanda como “Trofeo de Caza” a la señora Deguis, para acusar al Estado de fomentar la apatridia, sabiendo él, que no ha sido ni lo será.
Esto así, porque la sentencia del Tribunal Constitucional esclareció los principios para obtener la nacionalidad dominicana, y Juliana Deguis, invariablemente siempre estuvo amparada de una nacionalidad, la dominicana por “Jus Solis” o la haitiana por “Jus Sanguini” de sus padres, pues en ambos casos le recaía una nacionalidad. Ahora extraño resulta que el representante de la ACNUR en el país, aparentemente desconoce que la categoría de “Apátrida” no se elige y que nadie opta por esta condición para reclamar la nacionalidad.
Aun así, con el juez en contra y el jurado vendido, el gobierno dominicano prosigue con la ejecución del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros con sus tropiezos, ante la negativa y falta de cooperación de las autoridades haitianas en dotar de la documentación necesaria a sus ciudadanos que viven irregularmente en el país.
Sabemos que el Decreto 327-13 ordena el “Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Irregular en la República Dominicana”, que tendrá una duración de (18) meses y culminará en junio de 2015, y por lo que expresan las autoridades locales sobre el número de inmigrantes que se han presentado o acogido al proceso, si lo proyectamos en el tiempo apreciamos que no se acercará a la cantidad estimada de extranjeros establecida en la “Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes” (ENI-2012), que establece que unos 524,632 inmigrantes viven en el país, de los cuales 458,233 son ciudadanos haitianos, que representan 87.3% del total de la población de inmigrantes.
Ante el desastre migratorio y del registro civil que imperó en el país, la sentencia TC168-13 y la Ley 169-14, instituyen dos instrumentos válidos para ordenar de una vez y por toda la problemática migratoria existente. Además, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros transparenta la imagen del gobierno ante la comunidad internacional y el mundo, demostrando que por primera vez se pretende resolver y regular todos los extranjeros que viven en el país, aun a pesar de reconocer que el proceso de avanza a pasos de tortuga y a un alto costo del erario dominicano. Sin pretender ser pesimista, sino más bien muy realista, cuando analizamos los acontecimientos acaecidos contra el Estado y el pueblo dominicano, con un gobierno haitiano que no ayuda ni facilita los documentos a sus nacionales residentes en el país, como una manera predecible de bloquear o hacer fracasar el proceso, nos preguntamos: ¿Qué pasará cuando los resultados no satisfagan los deseos e intereses de otros? ¿Qué sucederá cuando finalice esta pantomima de Pan y Circo? ¿Qué nos sobrevendrá cuando finalice el plazo del Plan Nacional de Regularización, y cientos de miles de ciudadanos haitianos no puedan registrarse en razón a los inconvenientes señalados?
No esperemos lo mejor. Más aún cuando tengamos que ejercer el derecho soberano de “expulsar” todo extranjero ilegal que no haya calificado o no se haya acogido a las previsiones de regularización establecidas, los cuales quedaran sujetos a la deportación de conformidad con la Constitución y las leyes.
Dios nos ampare como nación.
