EN LA RUTA ¿Qué pretenden?

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Amparado en el decreto 327-13, el PNRE le ha costado al país más de mil millones de pesos y para solicitar su entrada lo único que se le exige a los haitianos es que tengan su cédula de identidad.
Amparado en el decreto 327-13, el PNRE le ha costado al país más de mil millones de pesos y para solicitar su entrada lo único que se le exige a los haitianos es que tengan su cédula de identidad.

Por César Duvernay

La insistencia de algunos sectores nacionales e internacionales para que se prorrogue el plazo del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) que ejecuta el gobierno dominicano y pautado para concluir el 15 de junio, es una petición inaceptable que raya en el irrespeto reiterado.

Esto porque a diferencia de Haití, República Dominicana ha brindado todas (y más de la cuenta) las facilidades para que los nacionales del vecino país puedan inscribirse y regular su estatus migratorio.

Amparado en el decreto 327-13, el PNRE le ha costado al país más de mil millones de pesos y para solicitar su entrada lo único que se le exige a los haitianos es que tengan su cédula de identidad.

Sin embargo, desde un principio las autoridades haitianas has sido lentas y reticentes para dotar a sus nacionales de un documento al que tienen justo derecho, y apoyados en la reverberancia de la comunidad internacional, no desperdician ninguna ocasión para continuar con las evasivas y descalificar el PNRE.

Llama a sospecha que a cuatro meses de la fecha límite y en vez de avivar los esfuerzos para implementar las dinámicas e iniciativas necesarias a los fines que sus ciudadanos puedan beneficiarse de forma gratuita (como en ningún país del mundo) y ventajosa del Plan, Haití y sus voces presionen por la prórroga del PNRE, que mientras dure posterga las deportaciones.

Por eso complace la postura firme del gobierno dominicano cuando en voces del ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, el director de Migración, Ricardo Taveras y el canciller Andrés Navarro, descartaron la extensión e instaron a quienes la promueven a colaborar con Haití para que documente a sus ciudadanos y los ayuden técnica y financieramente en la elaboración de un registro civil confiable.

Como toda nación soberana, República Dominicana, que ha sido el mejor y más tolerante vecino de Haití, tiene el derecho de establecer sus propias pautas en materia migratoria y no dejarse presionar ni chantajear por sectores ni una comunidad internacional que en el tema haitiano han sido harto irresponsables.

Tomado del Listín Diario