SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El Defensor del Pueblo continúa su estrategia de trabajar unido a las principales casas de estudio de la República Dominicana, razón por la que firmó un acuerdo de cooperación con la Universidad Católica Santo Domingo, el cual busca que ambas entidades desarrollen programas de formación y capacitación del personal especializado en áreas jurídicas y materias diversas vinculadas a la gestión pública.
El acuerdo tiene la finalidad de especializar a los participantes en las competencias, destrezas y conocimientos que los habiliten para rendir un servicio profesional de primer orden en su lugar de desempeño, en favor de quienes entran en conflicto con el Estado.
En dicho convenio el Defensor del Pueblo se compromete a realizar conversatorios, paneles, charlas y exposiciones en general, en eventos especiales organizados por las partes, así mismo será soporte de la entidad académica, en actividades dirigidas a estudiantes, profesores, funcionarios y al público en general, en relación a temas sobre el Defensor del Pueblo y su papel en el organigrama del Estado dominicano.
De igual manera, la casa de altos estudios asume el compromiso de ofrecer diplomados, cursos, talleres, conferencias, seminarios, y sesiones de asesoría orientadas al personal del Defensor del Pueblo en materia jurídica vinculada al ejercicio de las funciones legales y constitucionales, principalmente en áreas de derechos humanos, administrativo, gestión y administración de organismos públicos, financieros, gestión de recursos humanos bajo la legislación de función pública, tecnología y comunicación, así como en otras actividades académicas afines.
Zoila Martínez Guante, titular del Defensor del Pueblo, y el padre Jesús Castro Marte, rector de la UCSD, sellaron el convenio que busca también inculcar en sus recursos humanos valores éticos, morales y democráticos que contribuyan al fortalecimiento de sus entidades como mediadoras de la población.
El acto fue realizado en las instalaciones de la alta casa de estudios, y estuvo presidido por las principales autoridades del Defensor del Pueblo y los miembros del consejo de la Universidad Católica de Santo Domingo.
