SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) condenó el atropello de que fue objeto el reportero gráfico Jerlin Peralta, quien fue amarrado de ambas manos, despojado de su teléfono móvil, entre otros maltratos, por orden de una fiscal que no quería testigos durante un allanamiento.
Olivo De León, presidente del CDP, rechazó la actitud de la procuradora fiscal de Mao, Aida Medrano Gonell, y pidió al procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, investigar la situación y disponer medidas disciplinarias a la funcionaria.
Explicó que el hecho ocurrió la noche del cinco de este mes de Julio, cuando Peralta, reportero gráfico del canal 10 Cable Unit Televisión, de Mao, se disponía a cubrir un allanamiento realizado por las autoridades en el sector Las Eneas de la parte alta de la ciudad de Mao.
Dijo que tras la orden de la fiscal y la ejecución de la misma por los agentes que le acompañaban, Jerlin Peralta pasó varias horas de la noche del 5 de Julio amarrado.
De León se preguntó qué querían ocultar las autoridades al impedir la cobertura del allanamiento y por qué había que llegar a los extremos de amarrar sus manos, despojarlo de su teléfono móvil y propinarle otros maltratos, como si se tratara de un delincuente común?.
Continuó preguntándose si no era suficiente con que la fiscal le pidiera al reportero que se retirara, que no quería cobertura del hecho, a lo que tampoco tenía derecho, pues un allanamiento es de interés común, es noticia y si la ley no lo prohíbe no existen razones para impedirle el trabajo a la prensa.
Asimismo, Olivo De León consideró que la procuraduría fiscal de Valverde, que dirige la licenciada Sonia del Carmen Espejo, debe propiciar un desagravio, por lo cometido por la fiscal que trabaja con ella contra el camarógrafo.
Con relación al caso, distintas organizaciones de la provincia Valverde, encabezadas por la seccional del CDP en esa localidad, calificaron de absurdo el atropello contra el reportero gráfico y demandaron de los superiores de la fiscal agresora, que se realice una investigación y se adopten las medidas pertinentes para que situaciones como estas no se repitan.
