Por Balbueno Medina
A raíz del interés que ha mostrado la población en que se castiguen ejemplarmente los escándalos de corrupción que se han ventilado en el país, las autoridades gubernamentales a todos los niveles han comenzado a tomar medidas para evitar que continúe esa situación.
La reunión del presidente Danilo Medina, con funcionarios de su gobiernos a quienes les insto actuar con transparencia en el desempeño de sus funciones y las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, en el sentido de que favorece que se penalice a los partidos políticos que no rinden cuentas, es un indicativo de que se quiere poner freno a los corruptos.
Las advertencias hechas por Medina y Castaños Guzmán, no pueden ser vistas como algo rutinario, sino que deben ser tomadas en cuenta por quienes reciben y manejan fondos del Estado dominicano, quienes están obligados a rendir cuentas claras sobre el uso de los mismos.
El gobierno cada día adopta mecanismos de control revestidos de la más rigurosa transparencia en alianza con organismos internacionales que persiguen que los funcionarios y quienes reciben fondos públicos rindan cuentas del uso de los mismos basados en el sustento de cada una de las operaciones realizadas y en los resultados de éstas.
Eso significa que quienes incurran en violentar los controles establecidos corren el riesgo de asumir las consecuencias de sus actos y que quienes dirigen no tendrán otra alternativa que dejar a la justicia actuar con todo el peso que imponen las leyes nacionales, ya que fueron advertidos con tiempo de las nuevas medidas que buscan enderezar el funcionamiento del aparato Estatal.
Desde luego, esas medidas no son ajenas a los partidos políticos, ya que estos reciben y manejan fondos públicos provenientes del Estado dominicano y mientras tanto se aprueben las leyes de partidos y electoral, deberían someterse a los rigores de los controles que impongan las instituciones del gobierno como forma de hacer más transparentes sus operaciones de cara a la sociedad dominicana.
Ojala que la Junta Central Electoral haga lo mismo que otras instituciones del Estado han venido haciendo para transparentar sus operaciones y disponga el cruce de informaciones con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Cámara de Cuentas (CC), que le permita obtener por diferentes vías las rendiciones de cuentas de los partidos políticos que reciben los fondos públicos que reciben a través de ese organismo.
Eso incluye las declaraciones juradas de los dirigentes de esos partidos que manejan los fondos recibidos del Estado dominicano para evitar que los mismos sean mal utilizados por las cúpulas de nuestra partidocracia.
Como bien se ha dicho que “soldado avisado no muere en guerra”, las clarinadas hechas en esta ocasión por el presidente Medina y el presidente de la Junta Central Electoral, deben ser tomadas por una advertencia en serio, y lo que mejor convendría es que todo aquel que no tiene sus cuentas claras comience a ponerse en orden para que después no se tengan que lamentar.
La situación podría comenzar por sorprender a los funcionarios que habiendo tenido varios meses de ejercicio gubernamental todavía no han hecho su declaración jurada de bienes y extenderse hacia otras áreas de la administración pública, que podrían ser tomadas de ejemplo contra las prácticas corruptas que durante varias décadas se han dado en el Estado dominicano.
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