POR ROBERT VERAS
En una sorprendente y polémica decisión, el Concejo de Regidores de nuestro municipio Santo Domingo Este convirtió una sesión ordinaria en una Rueda de Prensa de alto perfil. Todos los medios tradicionales de comunicación del distrito nacional estuvieron presentes, junto con tres medios locales, dos de los cuales asistieron sin invitación. Esta inusual transformación de una sesión legislativa en un evento mediático generó un ambiente tenso marcado por diferencias políticas entre los concejales.
Las acusaciones del presidente del Concejo de Regidores contra el alcalde son graves y preocupantes. Alegar que el alcalde sale del país sin consultar con los regidores y que está manejando las finanzas de la alcaldía de manera personal, violando los reglamentos establecidos en la Ley 176-07, plantea serias interrogantes sobre la gestión del municipio y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
La afirmación de que el alcalde ha sometido al presidente del Concejo de Regidores al Tribunal Constitucional por supuestamente secuestrar expedientes es otro elemento que agrava la situación. Si esto es cierto, reflejaría una escalada en las tensiones y conflictos dentro del gobierno local, lo cual no es beneficioso para la ciudadanía ni para la estabilidad de la administración pública.
Es fundamental que se investiguen estas acusaciones de manera imparcial y transparente para determinar si existen pruebas que respalden las afirmaciones del presidente del Concejo de Regidores. La ciudadanía merece tener confianza en sus líderes y en la gestión de los recursos públicos, y cualquier comportamiento que socave esta confianza debe ser abordado de manera adecuada.
Además, es importante que los líderes municipales encuentren vías de comunicación y colaboración efectivas para resolver sus diferencias y trabajar juntos en beneficio de la comunidad. Los conflictos internos pueden obstaculizar el progreso y afectar negativamente a los ciudadanos que dependen de un gobierno local eficiente y responsable.
El motivo de la discordia fue la queja de los regidores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes argumentaron que la Sala Capitular no es el lugar apropiado para llevar a cabo una Rueda de Prensa. Según ellos, la Sala Capitular está destinada a sesionar y discutir asuntos legislativos, no a servir como escenario para eventos mediáticos. Este grupo de regidores del PRM, que se opone al presidente por conciderarlo ilegal, los encabezan la regidora Altagracia Fernández, Franklin Marte y otros aliados, quienes acusaron al presidente del Concejo, José Ramón Jiménez, de traicionar los principios de su partido en la escogencia del bufete directivo en la pasadas elecciones, y se retiraron de la sesión.
Tras la partida de estos regidores, se tomó un receso para almorzar, y posteriormente, el presidente cerró la sesión alegando falta de quórum. Este inusual giro de los acontecimientos no solo dejó a muchos ciudadanos perplejos, sino que también generó un ambiente de descontento y desconfianza en el funcionamiento del Concejo de Regidores.
Esta situación deja claro que la política y el interés personal parecen estar prevaleciendo sobre el deber de representar y servir a los ciudadanos. En un momento en que la ciudad necesita soluciones y liderazgo, la actuación de los regidores en esta Rueda de Prensa disfrazada de sesión ordinaria solo contribuye a aumentar la desconfianza y el escepticismo de la población hacia sus representantes. Es crucial que los concejales reconsideren sus prioridades y trabajen juntos en pos de los intereses de la comunidad, en lugar de servir como escenario para disputas políticas y juegos mediáticos.
La falta de mediación efectiva y la aparente falta de acción por parte de las autoridades del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para abordar las violaciones a los estatutos y las tensiones internas entre sus miembros son señales preocupantes. Un partido político saludable y funcional debe ser capaz de resolver disputas internas y mantener la cohesión entre sus miembros para lograr sus objetivos políticos y servir eficazmente a sus electores.
Cuando se producen violaciones a los estatutos de un partido, es responsabilidad de la dirección del partido tomar medidas adecuadas para abordar y corregir estas violaciones. Esto puede incluir investigaciones internas, sanciones disciplinarias o medidas de reconciliación, según sea necesario. La falta de acción en respuesta a estas violaciones puede erosionar la confianza en la dirección del partido y socavar su credibilidad.
Además, las tensiones internas pueden debilitar la capacidad del partido para unirse en torno a sus objetivos políticos y para ofrecer un liderazgo efectivo a nivel nacional o local. Esto puede afectar negativamente la capacidad del partido para cumplir con sus responsabilidades públicas y para representar de manera efectiva los intereses de sus electores.
Para abordar estas preocupaciones, es esencial que las autoridades del PRM asuman un papel más activo en la mediación y resolución de conflictos internos. Esto puede incluir la promoción de un diálogo abierto y constructivo entre sus miembros, la aplicación justa y consistente de las normas del partido y la búsqueda de soluciones que fomenten la unidad y la cooperación dentro del partido.
