Por Raul C. Ramírez
La promesa de una Reforma Policial profunda y trascendental, abanderada por el presidente Luis Abinader como una necesidad impostergable para la República Dominicana, corre el riesgo de convertirse en un espejismo, un acto de prestidigitación política que dista mucho de la verdadera y urgente transformación que clama la ciudadanía y, más grave aún, sus propios miembros.
Lo que se nos vendió como un proceso integral de modernización y dignificación institucional, parece estar decantándose en una serie de acciones superficiales, erráticas y, a juzgar por los ecos internos, profundamente injustas. La crítica se centra en una percepción dolorosa: la Policía Nacional, una institución que debería ser el bastión del orden y la seguridad, está siendo degradada en su esencia, asemejándose más a una «empresa de vigilantes privados» que a una fuerza pública respetada y bien equipada.
El tema del uniforme es quizás el síntoma más visible y sangrante de este desatino. ¿Cómo es posible que en el marco de una supuesta reforma (que ya ha pasado por varios cambios de vestimenta, desde el «chamaco negro al estilo colombiano» hasta la reciente camisa blanca de uso diario y otros) se obligue a los agentes a sufragar estos costos con sus ya magros salarios?
Una pieza de indumentaria a un costo que, según denuncias internas, asciende a $700 pesos, obliga a un policía a destinar una porción significativa de sus recursos para cumplir con una exigencia del servicio. Siete camisas a la semana en un clima tropical, no solo es una incomodidad palpable, sino un golpe directo al bolsillo del uniformado. Y lo peor, la amenaza de sanción para quien no acate. Esto no es reforma, ¡es extorsión institucional!
Este país se pregunta: ¿Dónde está la partida presupuestaria destinada a suplir estos equipos indumentarios, uniformes e insignias (como la Cruz de Malta, que cuesta mas de mil pesos) que, por elemental lógica y derecho laboral, deben ser provistos por el Estado? La respuesta parece flotar en el aire contaminado de la sospecha, apuntando hacia un negocio redondo que beneficia a manos privadas.
No es concebible que en un país que clama por seguridad y que ha destinado recursos considerables para esta reforma, la base de la institución, los hombres y mujeres que arriesgan su vida, se vean forzados a financiar su propia operatividad. Este descontento interno, silenciado por la férrea disciplina militar, es un polvorín que mina la moral, la lealtad y la efectividad policial.
Señor Presidente Luis Abinader, su compromiso de transformar la Policía Nacional es valorable, pero el camino que se está transitando es equivocado y perverso. Si los «grandes empresarios privados» que, según la voz popular, están al frente de la reforma, están lucrándose a costa del sudor y el salario del policía a nivel de rango medio se está cometiendo un acto de corrupción que desvirtúa todo el proceso.
Una reforma policial exitosa se cimenta en la dignificación del agente, el equipamiento adecuado y la depuración honesta. Si los cambios se limitan a tres tipos de uniformes en un corto período y a una camisa blanca que el policía debe comprar, la reforma es una farsa.
Es imperativo que el Poder Ejecutivo revise de manera urgente y transparente la ejecución de esta reforma. Que se investiguen los presupuestos, los suplidores de los nuevos uniformes y la razón por la que el agente debe costear sus herramientas de trabajo. De lo contrario, lo que hoy es una reforma fantasma y corrupta, mañana será el certificado de defunción moral de una institución que la nación necesita íntegra y fuerte.
Esta comunicación solo es con intención de que el señor presidente sepa lo que está pasando en ese sentido, que no lo tomen de tonto útil, y que todo sea en beneficio de los pobres policías.
