POR ARISMENDI DÍAZ SANTANA
La cobertura ilimitada de los servicios y la aplicación de las tarifas y honorarios más elevados, multiplicarían las ganancias de las PSS a un nivel tal, que quebrarían al Seguro Familiar de Salud (SFS), acentuando los copagos y obligando a aumentar en un 2.0% de la cotización obrero-patronal, y todavía sin garantía del derecho a la salud
Agradezco las expresiones de simpatía y apoyo recibidas por el contenido “valiente y preciso” de los mensajes publicados las últimas semanas. Gracias a decenas de médicos, periodistas, académicos, profesionales, sindicalistas y a simples afiliados, por su lectura y demostración de estímulo y solidaridad.
Tanta aceptación han tenido esos mensajes que en tres ocasiones me han propuesto publicarlos en espacio pagado en los periódicos de circulación nacional. En todas las he declinado amablemente, para mantener, por sobre todas las cosas, mi independencia y credibilidad.
Tres de los comentarios recibidos preguntan si no existe una contradicción del Colegio Médico Dominicano (CMD) el cual, mientras por un lado, realiza acciones callejeras bajo la consigna de NO ARS Y NO AFP, por el otro, le somete al CNSS una propuesta para que las ARS paguen las tarifas y honorarios más altos, a todas las PSS.
En realidad no existe tal contradicción, ya que ambos reclamos responden a la misma estrategia: eliminar al Seguro Familiar de Salud (SFS) y restablecer al IDSS. Muchos médicos se resisten a los controles, porque quieren seguir ejerciendo la medicina “por la libre”, sin que se calcula y controle el costo y de la productividad de la atención.
Prefieren gastar el dinero de los afiliados sin garantizar ningún derecho, sin límites, sin observar los protocolos de atención, y prescribiendo análisis innecesarios y medicinas caras para recibir comisiones. Pretenden ignorar que para garantizar el derecho universal a la salud es necesario asegurar el equilibrio entre los servicios prestados y los recursos disponibles.
A septiembre 2022 el salario promedio era de 30,153.20. Al multiplicarlo por el 9.53%, que es el aporte para el cuidado de la salud de las personas, tenemos una asignación de 2,873.60 por titular. A su vez, este monto se divide entre 2.2 afiliados (1.0 titular + 1.2 dependientes), arrojando una cápita media de sólo 1,306.18 pesos.
Este es el límite presupuestario que tiene el Plan Básico de Salud (PBS) por lo que, como dice el refrán popular, no se puede extender los pies más allá de la sábana. El afán de lucro de la cúpula del CMD pretende ignorar esta realidad, tratando de forzar “soluciones complacientes”, como las que todavía predominan en Salud Pública.
Recordemos que en la propuesta No. 02, el CMD demanda “un PBS completo e integral, con servicios ilimitados”. Y más adelante, en el punto No. 03 se demanda que las ARS “apliquen a todos los Proveedores de Servicios de Salud (PSS) las tarifas y honorarios más elevados”. Una cualquiera de estas demandas sería suficiente para liquidar el derecho universal a la salud.
Lógicamente, la prestación ilimitada de todos los servicios médicos, inflaría notablemente los ingresos de las PSS y quebraría al SFS. Pero, como si esto no fuese suficiente, aun si se limitaran los servicios médicos, bastaría con imponer las tarifas y honorarios más elevados, para echar por tierra el equilibrio financiero del PBS.
La quiebra del SFS, convertiría el derecho universal a la salud en una dádiva discrecional, prestando servicios “hasta agotar las existencias”, como en Salud Pública. La presión sindical multiplicaría las ganancias de las PSS, acelerando el aumento de los copagos ilegales de todos los afiliados, incluyendo a las familias más pobres y vulnerables.
Cualquiera de estas dos demandas eliminaría el Seguro Familiar de Salud (SFS) ya que el costo de tales servicios superaría con creces el ingreso por las cotizaciones mensuales. El logro combinado de ambas propuestas, equivaldría a un tsunami social, obligando a un aumento del 2.0% de la cotización obrero-patronal, y todavía sin garantía de nada.
Entonces, queda muy claro que ambas demandas, aparentemente contradictorias, amenazan la conquista social más trascendente de las últimas décadas. Un retroceso que desembocaría en un sistema de salud estatizado, con otro IDSS todopoderoso, clientelista, burocratizado, excluyente, altamente costoso, y sin libre elección.
La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) rechaza cualquier intento de eliminar el SDSS y apuesta a su renovación y fortalecimiento. Reconoce la necesidad de elevar las tarifas y honorarios médicos y de ajustarlos con la cápita mensual. Pero, al mismo tiempo, demanda la reducción gradual de los copagos ilegales.
