SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, advirtió hoy que los reiterados e ilegales traslados de jueces que viene produciendo el Consejo del Poder Judicial provocara el anunciado y temido choque de trenes entre el poder judicial y el tribunal constitucional, de los que se oponían al establecimiento de un tribunal que salvaguardara la constitución de la república y que abogaban porque sea una sala más de la suprema corte de justicia que tuviera esas atribuciones.
A juicio de la organización de la sociedad civil, los traslados que semanas pasadas hizo el consejo del poder judicial de las juezas de la jurisdicción penal del Distrito Nacional, violando la constitución y las leyes porque no contaron con la anuencia de estas, ahora le ha tocado, nada más que a los magistrados jueces que integran la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo que tuvieron la responsabilidad y gallardía de fallar a favor de Loma Miranda y en contra del impuesto a las compras por Internet.
ADOCCO cuestionó que al juez del TSA, Rafael Ciprián, quien intelectualmente ha hecho aportes a la doctrina con varias obras que sirven de guía para la enseñanza de las nuevas generaciones jurídicas y que trayectoria profesional y luego como magistrado es reconocida y respetada, ha sido vilmente degradado de su posición y enviado a una especie de jueces sin rostros denominada Presidencia de la Sala Liquidadora del Tribunal Superior Administrativo, con el concepto factoría judicial, forzado a realizar un trabajo mecánico de de resolver de expedientes que producto de la irresponsabilidad de quienes debieron fallar optaron por sumarlo a la mora judicial que impera en dicha jurisdicción.
La resolución del Consejo del Poder Judicial es de fecha 28 de julio del corriente año, donde se desmantelan la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo, desconociendo deliberadamente que el artículo 151 de la Constitución, al interpretarse junto con los artículos 18, 23 y 71 del Reglamento de Carrera Judicial, conforme a la Ley 327-98 y otras normas, establecen de manera clara que los jueces no pueden ser trasladados sin su anuencia ni en su perjuicio.
Conjuntamente con el juez Ciprián, muy apreciado por la comunidad jurídica nacional por su trabajo incansable y efectivo administrador de justicia, ha sido trasladado el juez Federico Fernández. En este caso, aunque la decisión de traslado no dice a donde lo envía, se cree extraoficialmente que fue designado en otra de las salas del Tribunal Superior Administrativo, que a juicio de ADOCCO, esos traslados constituyen un castigo por la valentía con las que los mismos defendieron los intereses de la mayoría, evacuando decisiones que impusieron la protección del Estado Social y Democrático de Derecho en la república dominicana.
El traslado ilegal promovido por los consejeros del poder judicial, de juezas y jueces, sin su anuencia, como establece el reglamento de carrera judicial, es una afrenta que atenta contra la independencia de los jueces, que los expulsa de la jurisdicción donde se han especializado, generando un manto de inseguridad entre los servidores judiciales y facilitando decisiones injustas, a lo que tendrá que avocarse a fondo el tribunal constitucional para enrumbar de manera efectiva al consejo y al pleno de la suprema que refrenda esas decisiones. Acotó ADOCCO.
Con tales decisiones se estaría mandando una señal muy negativa a los demás jueces, quienes podrían interpretar que le saldría caro el ser independiente y fallar en contra del Estado, sin embargo no es el tipo de jueces que pide la ciudadanía y menos jueces que estén a favor ni en contra de nadie, sino jueces verdaderamente independientes, que fallen de acuerdo a su mejor criterio y conforme a la constitución y las leyes, como han venido haciendo los magistrados afectados, proyectando su accionar un aliento de esperanza, ante el derrotero que lleva la institucionalidad en la república dominicana donde la autoridad se pone al servicio de los grandes capitales. Concluyó.
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