Por CARLOS R. ALTUNA TEZANOS
Históricamente el pueblo haitiano ha estado enmarañado en una crisis social, política y económica engendrando en el Estado haitiano una eterna e inacabable ingobernabilidad acrecentada por las intervenciones militares, el embargo económico y una inseguridad inhumana, que afectan directamente a su población. La situación imperante de extrema pobreza genera flujos migratorios hacia nuestro país, que afecta nuestra seguridad e incluso la seguridad regional.
Reconocemos que nuestros sistemas de controles y regulación migratoria tienen grandes deficiencias, lo cual se refleja en la gran cantidad de extranjeros que residen en el país, que entran de manera legal por ejemplo turistas que luego pasan a la ilegalidad, por lo antes expresado y gracias a las bondades y acogimiento del pueblo dominicano.
Tras el terremoto del 2010 acaecido en Haití, y el hecho de compartir la misma isla, como opción obligada de sobrevivencia y de manera natural, ellos nos perciben como un territorio en donde pueden subsistir. Ajenos al parecer a esta intención, los dominicanos, solidarios siempre, hemos visto aumentar considerablemente su presencia en toda la geografía nacional, constituyéndose en un lujo que el Estado dominicano no puede darse.
En un acto soberano, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168-13, que busca regularizar el status de todos extranjeros radicados en el país, sean haitianos o no. Sin embargo una seria dificultad que de seguro va a obstaculizar o retrasar este proceso, es el hecho de que ellos no tienen ningún tipo de documentación oficial emitido por su país de origen, a diferencia de otros extranjeros, que sí pueden presentar los mismos al ser requeridos.
El gobierno haitiano mucho antes de emitirse el fallo, inició una campaña de descrédito e injurias en contra de República Dominicana ante foros, organismos internacionales, e incluso, gobiernos amigos, presentándose como la víctima de un supuesto plan de desnacionalización y xenofobia que sufren un gran número de descendientes de haitianos nacidos en el país, y a nosotros como sus grandes verdugos.
Escenario inadmisible dentro del marco del respeto y buenas relaciones entre las naciones, donde se percibe que el Estado dominicano no ha tenido una respuesta en su justa dimensión para enfrentar la actitud irrespetuosa del gobierno haitiano.
En cambio, del lado haitiano, continua la perorata de menospreciar la decisión soberna del país, mientras ellos mismo rechazan a sus propios nacionales, cuando los conceptúan apátridas, desconociendo que su propia Constitución les otorga el derecho a su nacionalidad, no importa el lugar donde nazcan. Ante esta situación, realmente no se puede entender quien viola los derecho humanos de tener una identidad nacional, si nosotros o el otro lado de la isla, que aun no posee un sistema nacional de registro.
El presidente Danilo Medina inició una articulada defensa al reunirse con los representantes diplomáticos acreditados ante el país, y un despliegue diplomático en el exterior para explicar el caso e incluso ante la Asamblea de la OEA, donde aceptamos la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien nos visitó y emitió unas conclusiones previamente prejuiciadas, que no se compadece con la realidad cotidiana que viven cientos de miles de extranjeros en nuestro territorio, de manera legal o ilegal, en especial los haitianos, quienes trabajan dignamente, se educan, reciben atención médica gratuita en nuestros hospitales y viven como el más de los comunes dominicanos, con sus limitaciones y precariedades.
